El Ministerio de Seguridad investiga un hackeo a las Fuerzas Armadas que habría expuesto información sensible de aproximadamente 50.000 efectivos. La filtración incluye datos como documentos de identidad, domicilios particulares y familiares, lugares de servicio, registros de viajes y diplomas.

La denuncia fue realizada por el Ejército argentino el pasado 8 de mayo ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal. Desde entonces, se adoptaron medidas preventivas para reforzar los sistemas administrativos y contener cualquier eventual riesgo adicional.

A pesar de la gravedad del caso, las autoridades aseguraron que las capacidades operativas y los sistemas informáticos críticos de las fuerzas armadas no fueron afectados. En un comunicado oficial, el Ejército sostuvo que, en caso de confirmarse la filtración, la mayoría de los datos comprometidos serían de carácter público.

Desde el Ministerio que conduce Patricia Bullrich confirmaron que se activaron los protocolos de respuesta ante incidentes cibernéticos, y que la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) está monitoreando la situación en coordinación con distintos organismos estatales para evaluar el alcance real del ataque.

Paralelamente, se investiga un episodio relacionado: Sebastián Matías Bustamante, funcionario de la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema, recibió un llamado sospechoso desde un número privado. Un supuesto empleado de Movistar le pidió bloquear una línea robada y le solicitó el PIN asociado, lo que encendió las alertas de un posible intento de suplantación o ingeniería social.

El caso pone nuevamente en debate la seguridad de los datos personales en el ámbito estatal y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.