A través del Decreto N° 273/2025, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones significativas a la Resolución N° 909/94, referente al régimen de importación de bienes usados. 

Entre otras cuestiones, la normativa eliminó la presentación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) como requisito anterior a la importación y dispuso, en su reemplazo, la exigencia de una declaración jurada a cargo del importador con propósitos y alcances análogos. Además, amplió la lista de bienes usados que pueden importarse, al quitar la mitad de las prohibiciones anteriormente vigentes.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) manifestaron su preocupación, e indicaron que “es un grave retroceso para la industria nacional [que] genera un daño estructural para el desarrollo productivo y social de Argentina. Esta medida, aplicada sin criterios técnicos ni estratégicos, representa un perjuicio significativo para la seguridad operativa, el ambiente, la soberanía tecnológica y la sostenibilidad del entramado industrial argentino”.

En la misma línea, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) subrayó que, con la eliminación del CIBU, “se dejan sin efecto los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa [y] se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores.

La decisión, adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos, expone a la industria nacional a una competencia desleal. La industria santafesina -diversa, tecnológicamente activa y generadora de empleo calificado- ha invertido de manera sostenida en modernización, innovación y formación de recursos humanos.

Medidas como esta no sólo desincentivan esa dinámica virtuosa, sino que además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local.

Así, la entidad santafesina abogó por “políticas industriales que promuevan un crecimiento sostenido y con visión de futuro. Defender la producción nacional implica también establecer reglas claras que eviten la degradación del sistema productivo mediante la incorporación de tecnologías obsoletas o en condiciones inadecuadas”. Al igual que otras cámaras sectoriales de nivel nacional y provincial, solicitó al Gobierno Nacional “una revisión urgente de esta decisión, que atenta contra la industria local y contradice la visión de un país con desarrollo federal, producción nacional y generación de empleo genuino”.