El disenso en el marco del sistema democrático de ninguna manera puede expresarse atentando contra el normal funcionamiento del Poder Legislativo. Mucho menos poniendo en riesgo la vida de las personas, ya sea de los manifestantes como de los trabajadores que se desempeñan en la Legislatura y las fuerzas de seguridad.

La Cámara de Diputadas y Diputados sesionó en un marco de absoluta legalidad y precedió a una votación válida, conforme a su propio reglamento. La Constitución Nacional dispone que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes”, y lo que se vivió en la Legislatura fue un intento de impedir el funcionamiento de un órgano de la democracia como el Poder Legislativo, por parte de una minoría violenta.

Es por esto que, en absoluto compromiso con la Democracia y la defensa de sus instituciones, se procederá a la realización de la denuncia penal correspondiente para que se investigue, se identifique y sancione a los responsables de los daños materiales y humanos causados por estos grupos violentos.