Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
El pasado viernes, el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó de la audiencia pública convocada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para tratar la actualización tarifaria. "En este contexto económico, social y sanitario las defensorías del Pueblo de todo el país coinciden en que no es momento de incrementar las tarifas de los servicios esenciales en los porcentajes solicitados", señaló.
En esta línea, Lamberto requirió a la EPE información sobre el impacto del precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante el 2020, así como también el efecto estimado en los costos de la empresa para 2021. "Sabemos que el precio mayorista se traslada al usuario y tiene un alto impacto en la factura. Por esto, insistimos en un pedido que se realizó anteriormente y que consiste en detallar en la factura cuánto corresponde al valor de compra de la energía, a los fines de entender cualquier modificación del precio y en la lectura que hace el usuario", remarcó.
El defensor santafesino aseguró que que la variación promedio que solicita EPE es del 42,8 por ciento: 40,1% residencial; 49,7% comercial; 43,4% industrial y 41,8% para instituciones. "No compartimos el aumento en los términos solicitados", subrayó. "La realidad no lo admite. De hacerse lugar al pedido, aumentarán los usuarios que no pagan y las pérdidas por evasión. Se debe entender que estamos en pandemia, donde priman medidas excepcionales y de carácter restrictivas para la actividad económica, lo que afecta la capacidad de pago de los usuarios", agregó.
Como resultado, Lamberto solicitó la consideración de medidas alternativas que reduzcan las pérdidas técnicas y las no reconocidas, así como también la implementación de la medición mensual para los usuarios residenciales y el aumento de las franjas de consumos, elevando el piso que hoy está en 75 kilovatios/mes.
El funcionario también destacó la necesidad de prohibir el corte de suministro eléctrico para usuarios residenciales que se vean imposibilitadas de afrontar el pago de sus facturas y expresen voluntad de hacerlo.
