La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales de parte de intermediarios de agrupaciones sociales.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, donde miles de personas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios que recibían del Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.

"No nos imaginamos que iba a ser un aluvión de denuncias, ahora tenemos más de 140 mil llamadas. Hemos escuchado las denuncias y simplificado los relatos de la gente y ya pusimos 6138 casos en conocimiento de la justicia", comentó el letrado patrocinante de la ministra de Seguridad, Fernando Oscar Soto.

Y explicó que se denunciaban tres cosas: que las obligan a marchar y si no asisten los castigan con sacarles el plan; además les cobran por mes desde el plan; y otra de las cosas que dijeron fue que a la tercera falta los castigaban con sacarles la comida, entre otras cosas.

En ese sentido, Soto consideró que "esta investigación debe estar apoyada por el Gobierno", ya que "esto hace a la seguridad y libertad de los ciudadanos".