La anotación de exportaciones por más de un millón de toneladas de maíz de la cosecha pasada por parte de las grandes cerealeras tras varias semanas con casi nula actividad en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), dejó sentado que no solamente el Gobierno nacional decidió modificar el saldo exportable de la campaña 2020/21, sino también la intervención informal que realiza sobre dicho mercado. Desde la producción sostienen que dichas medidas provocan incertidumbre y menor inversión.

La historia del Gobierno con el maíz no es nueva. A fines del año pasado, el ministerio de Agricultura, en ese entonces a cargo del formoseño Luis Basterra, decidió cerrar la exportación del cereal en pos de asegurar el abastecimiento interno, que a las semanas volvió a abrir por negociaciones con diferentes actores de la cadena y ante un cese de comercialización convocado por un sector de la Mesa de Enlace.

 
A mediados de octubre pasado, tras haberse superado el saldo exportable (cálculo realizado por el Gobierno en el cual estima qué volumen se puede exportar para asegurar el abastecimiento interno) en 38,6 millones de toneladas para la campaña 2020/21, la cartera agropecuaria informó a la exportadoras sobre nuevos requisitos para la aprobación de las DJVE, como realizar la exportación dentro de los próximas 30 días y que le mercadería ya esté adquirida, lo cual dejó al mercado de exportación de esa cosecha con muy poco movimiento.

Hasta estos últimos dos días, donde las cereales anotaron exportaciones 1,023 millones de toneladas, corriendo el saldo exportable hasta los 39,6 millones. Además, también se anotaron unas 100.000 toneladas de trigo “viejo”, otro mercado que se encontraba sin movimiento. Esta ampliación del cupo otorgado por el Gobierno se resolvió tras una reunión que mantuvo la Mesa del Maíz, compuesta por diferentes integrantes de la cadena del cultivo, con autoridades de la cartera agropecuaria, donde el sector privado mostró cálculos propios, en los cuales aseguraba que podrían exportarse aún tres millones de toneladas más hasta las 41,6 millones.

Hay que recordar que la intervención oficial en el mercado de maíz se realiza de manera informal, ya que no hay ninguna norma que cuotifique ni regule la posibilidad de exportar el cereal. El mecanismo es establecer un cupo teórico de exportación para la campaña en cuestión, el cual, una vez completado, no contempla la posibilidad de que las compañías exportadoras registren nuevas operaciones de comercio exterior hasta una eventual ampliación del cupo o bien, si no es el caso, hasta la apertura del registro de la próxima cosecha del cereal.

En diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, explicó que tras los encuentros que mantuvo la Mesa de Maíz con autoridades de la cartera agropecuaria, el Gobierno “hizo los ajustes correspondientes” y modificó la oferta exportable, al mismo tiempo que sostuvo que, si bien hasta el momento solo se incrementó el saldo en un millón de toneladas, “están dadas las condiciones” para que se estire ese límite hasta lo solicitado por los privados.

Idígoras entiende que este mecanismo de propuesta conjunta sirve para evitar los “tira y afloje” de los diferentes intereses de la cadena. “Lo que hicimos fue, en vez de esperar cualquier medida del Gobierno, convocar a toda la cadena y decirles, ‘no hay problema, acá está toda la cadena de valor completa y esto es lo que pensamos y queremos’ y se lo entregamos al Gobierno para darle previsibilidad al mercado, como una forma de defenderlo de una decisión inconsulta. La semana que viene vendrá la Mesa Intersectorial de Trigo con el mismo objetivo”, agregó el titular de CIARA-CEC.

Incertidumbre y concentración

Para el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, esta intervención del mercado y aperturas y cierres intermitentes generan dos problemáticas centrales en el sector agropecuario: en primer lugar, es un desincentivo a la inversión y, además, genera una gran incertidumbre, ya que no hay seguridad de que la producción pueda ser comercializada libremente y a precio de mercado.

“Los gastos que un productor va a hacer para invertir tiene como condicionante que no exista la certeza de lo que vayas a producir va a tener la plena libertad de venta. Ahí empezás a trabajar con el freno de mano puesto”, afirmó De Raedemaeker, a lo que agregó “la incertidumbre del humor de algún funcionario de turno que, discrecionalmente, pueda llegar a levantar el teléfono y condicionar más o menos el mercado”, donde la variable de ajuste en el precio por los granos recae sobre el productor.

Es por esto que el dirigente agropecuario plantea la existencia de un escenario de incertidumbre. Más allá de que el Gobierno haga lugar a un reclamo de aumentar el saldo exportable del maíz, considera imprescindible para la actividad que “exista una puja libre entre el consumo y la exportación para que puedan pelear por un precio a valor del mercado y no un precio arbitrario que lo fije una de las partes”.

Para el analista de mercados Carlos Etchepare, esta decisión de habilitar un nuevo cupo para exportar maíz, potencia la concentración de los despachos en pocas manos, al mismo tiempo que promueve una cartelización. Por ejemplo, las primeras 800.000 toneladas que se declararon el martes quedaron en manos de 9 empresas exportadoras. “Esto fomenta la concentración. Es un negocio para poquitos y fue lo mismo que pasó entre 2006 y 2015″, remarcó.

“La realidad es que el Gobierno dice que son millones de toneladas más las que se pueden otorgar y no hay competencia. Es muy distinto cuando están abiertas las exportaciones, porque allí hay competencia y las empresas se preocupan por acaparar el mayor volumen de granos para pelear el mercado, pero cuando se manejan por cuotas, limitan la competencia porque no puede entrar nadie de afuera y las empresas que están dentro se ponen de acuerdo”, concluyó.

Fuente: Infobae.com