A partir de marzo, habrá que registrar los contratos de alquiler ante AFIP

El pasado 17 de febrero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles previsto en la Nueva Ley de Alquileres N° 27.55, que busca obtener información para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en distintas operaciones. 

La normativa empezará a implementarse a partir de marzo y afecta a los contribuyentes con carácter tanto de locadores como de locatarios. Los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) podrán hacer el registro en nombre de sus clientes. Asimismo, la medida aplicará para los contratos efectuados a partir del 1° de julio de 2020 que aún sigan vigentes, así como también para aquellos concretados durante el tercer mes del corriente año. Estos últimos gozarán de un plazo excepcional para registrarlos hasta el 15 de abril de 2021 inclusive.

Los alquileres alcanzados por el régimen de registro son bienes inmuebles urbanos y rurales, así como también locaciones temporarias con fines turísticos y de espacios o superficies fijas o móviles delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, etc. El plazo para informar estas operaciones son 15 días corridos después de concretado el acto,

Las posiciones respecto a la disposición son disímiles. “Si bien es una de las imposiciones que se estipuló en la nueva ley de alquileres, esto lo que hace es aumentar el costo y el riesgo para el propietario. Los resultados ya están a la vista: menos oferta de viviendas en alquiler, escalada de precios y desincentivo a la inversión inmobiliaria y a la construcción de viviendas con fines de renta", advirtió José Rozados, director de Reporte Inmobiliario. 

Por su parte, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, afirmó: "Con el registro de contratos de alquiler en AFIP se abre una nueva etapa en las políticas de vivienda en Argentina, ya que se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones". 

"Es una medida fundamental para que los gobiernos puedan llevar adelante políticas públicas para mejorar las condiciones del acceso a la vivienda", agregó.