"A la ciudadanía, que no tomen agua de pozo. Y al gobierno, que investigue hasta las últimas consecuencias"

En la mañana del martes, Radio ADN dialogó con el Ingeniero Rubén Omar Gabellini respecto a la presencia de plomo en aguas subterráneas de la ciudad de Ceres, en dónde a principios de enero se registró la muerte de una menor de dos años por contaminación con dicho metal pesado. 

Gabellini, ingeniero químico ya retirado, realizó en 2008 un estudio para la empresa Aceitera General Deheza (AGD), con el objetivo de comprobar la calidad del agua en la localidad santafesina. En aquel momento, las muestras recolectadas demostraron una alta concentración de plomo en aguas, suelo y aire, contaminación proveniente de tres fábricas de baterías ubicadas en el ejido urbano.

Siendo el máximo permitido de 50 microgramos de plomo por litro de agua (mcg/l), en diálogo con La Mañana de ADN Gabellini aseguró haber detectado cantidades notablemente superiores en las zonas lindantes a las ex fábricas. "Cerca del aserradero, había 81 microgramos por litro y en agua estancada - que a veces filtra por la tierra - 403 mcg/l. En la canilla de las oficinas de la aceitera había 13 mcg/l y en la canilla del baño, 14. En el centro de Ceres, en agua de pozo había 3 mcg/l, al igual que en el pozo de General Deheza, la empresa que me encomendó el estudio". 

"A mi, la investigación me dió redonda. Cerca del lugar donde había una fábrica en la que trabajaban con plomo, obtuve un alto nivel de plomo en aguas. Después, la contaminación fue bajando", subrayó. 

Respecto a la relación entre los niveles de contaminación con el mencionado metal pesado y la muerte de Xiomara Crespín, Garbellini fue tajante: "Hay una relación causa-efecto directa. Nesaglo (la fábrica de baterías) se fue, una familia se instaló y tomó agua del lugar y, a los pocos meses, murió una niña porque le detectaron plomo en sangre. Si ustedes hacen ahora un análisis de aguas en la zona, van a encontrar plomo", afirmó. 

Las implicancias, sin embargo, podrían ser mayores y afectar a toda la localidad santafesina. "Hay un problema potencial para toda la ciudadanía ceresina, si bien a medida que aumentan las distancias, los niveles de contaminación disminuyen. Todo el plomo que sedimenta o cae va a las aguas, porque percola y va hacia los ríos subterráneos. Éstos llevan el agua a todo Ceres y mucho más allá", detalló el ingeniero. 

Asimismo, Gabellini declaró que, tras haber entregado los resultado de los estudios a la compañía AGD, recibió presiones de Lingotes S.R.L, una de las empresas que, en aquel entonces, trabajaba con plomo en la localidad. Hacia el final de la nota, concluyó: "A la ciudadanía de Ceres le diría que tome agua que no sea de pozo, porque puede estar contaminada. Y al gobierno le diría que investigue hasta las últimas consecuencias".  

LA HISTORIA

El pasado 31 de diciembre ingresó al Hospital Alassia de la capital provincial una menor con muerte encefálica proveniente de Ceres. En un primer momento, los profesionales de salud que la atendieron sospecharon de un posible consumo de estupefacientes, por lo que solicitaron la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Sin embargo, con el correr de las horas se supo que la niña habitaba en un predio en el que, previamente, había funcionado una fábrica de baterías, por lo que las cañerías de agua estaban contaminadas con metales pesados. Finalmente, la menor falleció el 6 de enero de 2021.

A raíz del hecho, el municipio de Ceres comenzó un trabajo con las familias que residían en el lugar. Se tomaron muestras de sangre de seis niños, de los cuales dos registraron altos niveles de concentración de plomo en sangre. Los menores fueron trasladados al Hospital Alassia, en dónde permanecen internados. 

Hacia a finales de enero, la intendente de la ciudad, Alejandra Dupouy, declaró al lugar no apto para habitar por riesgo ambiental y peligro sanitario, a través del Decreto 0226/2021. 

Asimismo, la gravedad de la situación impulsó al Fiscal Federal Jorge Onel a iniciar una investigación de oficio. En este marco, el pasado 4 de febrero el magistrado dispuso la clausura preventiva de la fábrica de baterías Nesaglo S.A y ordenó su desalojo, encomendando a Gendarmería Nacional la custodia del predio.