Solicitan cuatro años de prisión para Guillermo Moreno

El fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires cuatro años de prisión e inhabilitación por diez años para el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y la ex directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri, por la manipulación de datos del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron una condena de dos años en suspenso para las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por su participación en los mismos hechos.

Luciani e Ipohorski solicitaron al tribunal -integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini- que Moreno y Paglieri sean condenados como penalmente responsables de los delitos de "abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción e inutilización de registros públicos y falsedad ideológica de instrumentos públicos". Además, pidieron las condenas de Filia y Cámpora Avellaneda por considerarlas colaboradoras necesarias de Moreno y Paglieri en dichos delitos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron la extracción de testimonios para que se investigue por la posible comisión de delitos de acción pública a la por entonces Ministra de Economía y Producción de la Nación, Felisa Miceli. De acuerdo a lo expuesto en el alegato, los delitos cometidos por Moreno y las demás imputadas fueron posibles porque la exministra “liberó” al INDEC (organismo bajo su órbita de actuación) a fin de que pudiesen "operar e intervenir ilegalmente sobre él".

Para Luciani, durante el período abarcado en este juicio, el INDEC “fue manipulado, se alteraron las bases informáticas de datos, se cambió una metodología práctica que costó muchos años implementar, y para concretar ese fin no tuvieron reparo alguno en deshacerse de cualquier obstáculo que se interpusiera con este fin criminal. Así no dudaron de deshacerse de funcionarios públicos honestos y con larga trayectoria”, aseveró.

El titular de la Fiscalía General N°1 consideró probado que Moreno, primero en su calidad de Secretario de Coordinación Técnica y luego como Secretario de Comercio Interior, abusó de las funciones públicas que le fueran asignadas, al menos desde la semana santa de 2006 y hasta enero de 2007, al instar a los entonces funcionarios del INDEC -el director, Lelio Alberto Mármora; la titular de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, Clyde Elisa Charre de Trabuchi, y la titular de la Dirección de Índices de Precios al Consumo, Graciela Bevacqua- a que le suministrasen datos protegidos por el secreto estadístico y para que implementen ciertos cambios en el modo y en la metodología en que se venía elaborando el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luciani también consideró probado que Moreno, ya en su cargo de Secretario de Comercio Interior, y Paglieri, quien asumió en enero de 2007 como directora del IPC, con la colaboración necesaria de Cámpora Avellaneda y Filia (quienes ingresaron al organismo junto con Paglieri), tomaron parte desde enero de 2007 en la revelación de datos secretos protegidos. De igual manera, también destacó que Moreno, Paglieri y la fallecida Ana María Edwin (que sucedió a Charre de Trabucchi y más tarde asumió como directora del INDEC) actuaron en abuso de sus funciones y con la colaboración de Cámpora Avellaneda y Filia en la adulteración de los índices de Precios al Consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires, elaborados en la Dirección de índices de Precios de Consumo de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del IPC de la Provincia de Mendoza. Sobre esto último, Luciani consideró también acreditado que los resultados de esos índices apócrifos fueron insertados en instrumentos públicos, más concretamente en comunicados de prensa oficiales.

Por último, en el marco de esta maniobra y a través de acciones que desplegaron con el objeto de manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del índice IPC, Luciani marcó que los acusados intervinieron en la supresión, modificación y/o reemplazo espurio y arbitrario de la base de datos original del INDEC, que constituía la base primaria fundamental del proceso estadístico, con la consecuente destrucción y/o inutilización de los documentos y registros oficiales de un servicio público, por caso aquellos del sistema estadístico nacional.