En medio de un contexto nacional marcado por aumentos tarifarios y quita de subsidios, la actualización se produce luego de diez meses de sostener el servicio sin modificar los costos para el usuario. Se trata de una medida que se vino postergando en favor de la economía familiar, pero que se vuelve una necesidad para poder garantizar la continuidad y calidad de la prestación.

Es importante recordar que, durante este período, los combustibles aumentaron 14 veces: una vez en diciembre (6%) y 13 veces en lo que va del 2018 (64,5%). En promedio, el total del incremento en este rubro se ubica casi 40 puntos porcentuales por encima de la inflación, un 70 por ciento frente a un acumulado de 32,4 por ciento en lo que va del año.

Este ritmo de aumentos viene impactando fuertemente en el funcionamiento de los transportes urbanos que administran las municipalidades de todo el país. En ciudades como Córdoba, Río Cuarto, Rosario o Santa Fe, la tarifa se ubica por encima de los 17 pesos.

En el caso de Rafaela, existe una decisión política de afrontar los costos que demanda el funcionamiento de este servicio desde el ámbito público, de impulsar el transporte urbano de pasajeros como un derecho de los ciudadanos, como una alternativa a los problemas de tránsito y de favorecer el traslado de sectores considerados clave.

En este sentido, seguirá vigente el Boleto Educativo Gratuito, para que estudiantes y docentes de todos los niveles puedan seguir viajando sin cargo a escuelas y universidades de la ciudad; como así también los jubilados seguirán abonando el 50 por ciento del valor del pasaje.

Actualmente, son más de 110 mil los usuarios que mensualmente viajan en las 5 líneas de minibuses. Una muestra de la manera en que los rafaelinos valoran y aprovechan el esfuerzo que el Estado local realiza para su sostenimiento.