La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el operativo de seguridad durante la marcha de jubilados convocada para este miércoles 9 de abril deberá estar a cargo exclusivo del Gobierno porteño, excluyendo de cualquier participación a las fuerzas federales bajo la órbita de la ministra Patricia Bullrich.

La decisión fue tomada por el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, en respuesta a un recurso de amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

En su resolución, Gallardo instruyó al Ejecutivo porteño a “abstenerse de permitir la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, salvo en las situaciones contempladas por la Ley de Seguridad Interior. A su vez, reafirmó que la Policía de la Ciudad tiene la competencia exclusiva en materia de orden público dentro de la jurisdicción.

Este fallo se da en medio de un escenario de creciente conflictividad social, con reiteradas manifestaciones de jubilados que en ocasiones anteriores fueron reprimidas con violencia, provocando el repudio de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos.

La medida también reaviva las tensiones entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, al tiempo que refuerza el reclamo por la autonomía porteña en cuestiones de seguridad y gestión del espacio público.