Caso Spaggiari: confirman en 2° instancia la prisión preventiva de tres personas

Continuará en prisión preventiva dos hermanos que son los socios de un grupo inmobiliario a quienes se investiga como jefes de una asociación ilícita que cometía estafas en Rafaela. La resolución fue tomada por el camarista Sergio Alvira, quien confirmó la decisión de primera instancia que había impuesto el juez Gustavo Bumaguin.

Alvira también dispuso que continué en prisión preventiva la madre de los dos hombres. La mujer, que tiene 71 años, cumple la cautelar de forma domiciliaria.

El fiscal que está a cargo de la investigación es Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5. El funcionario judicial también representó al MPA en la audiencia de apelación.

Fundamentos

“El camarista Alvira entendió que, con el carácter provisorio y atendiendo al grado de probabilidad que esta instancia procesal requiere, está acreditado que los dos hermanos son los organizadores de la asociación ilícita a través de la cual se cometieron reiteradas estafas, y en la cual, su madre tuvo el rol de miembro relevante”, valoró Loyola.

Además, el fiscal del MPA manifestó que “Alvira recordó que, tal como lo fundamentó el juez de primera instancia, estamos ante ilícitos que, en caso de condena, estipulan una pena de prisión efectiva”.

Por otra parte, el camarista rechazó los planteos de nulidad realizados por los defensores. “El camarista no hizo lugar ya que consideró que los fundamentos brindados por el juez de primera instancia lejos están de ser arbitrarios, incoherentes o incongruentes”, subrayó Loyola y añadió que “Alvira también sostuvo que en ningún momento se le birló la posibilidad de defensa a alguno de los imputados”.

La maniobra

Loyola recordó que “los dos socios del grupo inmobiliario conformaron y tomaron parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto ejecutar maniobras defraudatorias en perjuicio una gran cantidad de personas, desde el 28 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2022”.

“La maniobra consistió en ofrecer a la mayor cantidad de personas posible la suscripción de uno o más convenios privados, recurriendo para ello a la publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’, folletería, relaciones sociales, contactos por distintas vías a través de sus miembros, y -por sobre todo- se aprovecharon de la fachada que les otorgaban los negocios inmobiliarios desarrollados por el grupo inmobiliario, muy conocido en la ciudad de Rafaela”, indicó Loyola.

Agregó que “en los documentos firmados, las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo -en pesos o en dólares- en favor de la asociación ilícita, que captaba de esa forma los ahorros de los particulares, a quienes les indicaban falsamente que sus aportes serían destinados a inversiones en el rubro inmobiliario y a actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción de inmuebles”.

“Como parte de la estafa, les decían a las víctimas que sus aportes les generarían ganancias genuinas y permitirían –en plazos relativamente cortos– reintegrarles el capital y brindarles rendimientos (que se abonarían en forma mensual) muy superiores a los que, por ejemplo, podían obtenerse mediante colocaciones bancarias a la fecha en que se concretaron dichas operaciones”, explicó Loyola.

El funcionario del MPA sostuvo que “bajo engaño, las víctimas depositaron su confianza en la asociación ilícita y accedieron a hacer disposiciones patrimoniales en beneficio de esta organización criminal, la que se apropiaba ilegítimamente de esos fondos y disponía de ellos –en parte– para pagar los vencimientos de intereses y capital correspondientes a los convenios celebrados tanto con ellos como con anteriores “inversores”, que también fueron víctimas de la estafa”.

“Estos pagos se hacían en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o bien enviando el dinero en efectivo con destino a donde se estaban los integrantes de la asociación ilícita, hasta noviembre del 2022, momento en el cual las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”, planteó Loyola.