Uno de los objetivos centrales del nuevo gobierno de Maximiliano Pullaro será avanzar con distintas reformas para hacer más eficiente el sistema de seguridad de la provincia. Y entre estos cambios, aparece la decisión de impulsar una renovación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Así lo confirmó el futuro ministro de Gobierno, Fabián Bastía,"Hay reglas, hay normas, hay leyes, está la Constitución. Y absolutamente todos la tenemos que respetar. No es una cuestión caprichosa. Ningún cambio va a ser caprichoso. Está claro que la justicia se tiene que renovar, tiene que ser más eficiente, debe dar los resultados que reclama la sociedad. Respetando cuestiones que son básicas, si la Constitución fija límites de edad, se deben respetar". "Lo digo para todos. Yo no me puedo quedar cuatro años y dos días, como diputado. Hay límites que fija la Constitución que se deben ir respetando. Lo primero es el compromiso con la ciudadanía y no con el status quo. Está claro que a partir del diálogo debemos entender que se tienen que hacer cambios", señaló Bastía.

En estos momentos, cinco de los seis miembros de la Corte de Santa Fe superan los 75 años: Rafael Gutiérrez (76), Mario Netri (82), Eduardo Spuler (80), María Angélica Gastaldi (76) y Eduardo Falistocco (76). Por su parte, Daniel Erbetta tiene 66 años y es el último ministro en incorporarse al máximo tribunal, ya que ingresó a fines de 2007.

ERBETTA HABLA DE "ERROR ESTRATÉGICO"
Frente a la confirmación de que el nuevo gobierno provincial impulsará la renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el presidente del cuerpo, Daniel Erbetta, adelantó que "habrá problemas jurídicos e institucionales de por medio" y se manifestó en contra de la idea de la nueva gestión.

"Me parece un tema de una delicadeza institucional muy grande. Un gobernador que maneja el Poder Ejecutivo y cuenta con mayorías en la Asamblea Legislativa. Pretender una Corte designada por él no se va a prestar a lecturas positivas en términos democráticos, de transparencia y de división de poderes", advirtió.

 E insistió: "Habrá problemas jurídicos e institucionales de por medio. El Ejecutivo no puede sacar y poner ministros de la Corte a su antojo... A lo mejor pensarán en juicios políticos, pero no sé cuáles serían las causales. Escuché algunas cosas vinculadas con las edades, que son de lectura fácil. No voy a anticipar interpretaciones jurisprudenciales, pero creo que parten de la base de un asesoramiento que no es del todo adecuado".

 Erbetta resaltó que "si todo esto fuera cierto, es un hecho de extrema gravedad institucional, un error estratégico muy grande y que va a generar conflictos innecesarios entre poderes del Estado. Si es así, se expresa una concepción autocrática del poder. La idea de que un poder del Estado tiene 'superpotestades' sobre otro poder, como el Judicial".

 "El argumento de las edades es erróneo y ya se darán cuenta por qué. Pero esto implica un retroceso institucional extremo. Es casi como la pretención de la suma del poder público".

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN DE SANTA FE?
La Constitución de Santa Fe de 1962 establecía que, a partir de los 65 años, los jueces provinciales quedaban en un estado de disponibilidad y el gobernador podía tomar la decisión, si lo consideraba adecuado, de hacerlos cesar en sus cargos desde ese momento.

Pero en la segunda mitad de los años noventa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que esta cláusula violaba la Constitución nacional, porque atentaba contra la independencia de poderes. Por este motivo, terminó siendo anulada.

En estos momentos, entonces, no existe ninguna cláusula en la Constitución de Santa Fe referida a la edad de retiro de los jueces en general, ni de los miembros de la Corte Suprema en particular.

Sin embargo, fuentes vinculadas con los equipos de gobierno que asumirán a partir del 10 de diciembre remarcaron que esto no quiere decir que los magistrados puedan permanecer en sus cargos de por vida, ya que la misma Corte Nacional se mostró de acuerdo con la limitación de la edad, siempre y cuando los magistrados sean inamovibles mientras estén en funciones.