La semana pasada se conoció la decisión del Ejecutivo local de vetar la Ordenanza que establecía la retención de rodados estacionados sin patente y que fue votada por los seis concejales de la oposición. Recordemos que fue la Fiscalía Municipal, a cargo del doctor Daniel Fruttero, quien dictaminó la conveniencia jurídica de observar la norma.
Ahora el secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, Eduardo López, salió a defender la decisión del Departamento Ejecutivo al sostener que “el veto de la Ordenanza tiene que ver, pura y exclusivamente, con un análisis técnico y jurídico de parte de nuestro Fiscal, que encuentra razones jurídicas para que la norma sea vetada”.
Además, remarcó una función que tiene el municipio: “Nosotros somos el Estado y, como tal, tiene que dar garantías de que las normas que se proponen para fiscalización o para llevar adelante procesos en la ciudadanía, tienen la validación jurídica total. Somos desde el Ejecutivo quienes podemos corregir aquellas cuestiones que no son muy claras en las normas que vienen demandadas desde el Concejo”.
En función de esto, López enfatizó: “Esa facultad está presente en el análisis técnico que hace Fiscalía en cada una de las normas”. Y mencionó que el fiscal anterior, Daniel Galoppo, “en su presencia en el Concejo, había hecho una recomendación de la falta de razonabilidad de algunos de los considerando del articulado de la Ordenanza o algunas inconsistencias jurídicas de la norma. A pesar de ello, los concejales continuaron y sancionaron la Ordenanza”.
“Hay una cuestión que tiene que ver con la claridad conceptual pero, además, la responsabilidad que implica promulgar una normativa que carece de razonabilidad jurídica y de dificultades de aplicación. Por lo tanto, lo más conveniente por parte del Intendente es el veto. No hay cuestión política”, agregó.
El funcionario también aclaró que “no existe ninguna cuestión política en el veto, esto tiene que ver exclusivamente en una inconsistencia jurídica de la norma. Los concejales tienen que comprender que tienen una cuestión inherente a su función que es legislar pero no se puede hacer a cualquier precio sino dentro de lo que son los marcos constitucionales y jurídicos de nuestro país”.
Por otro lado, señaló que “la norma es demasiado genérica y no atiende situaciones particulares. Esto no se puede reglamentar, por lo tanto, legisla para una parte de la sociedad y no para la totalidad. Las leyes y Ordenanzas deben contemplar a la totalidad de la población y las situaciones particulares que se pueden presentar. Es decir, la norma tiene un grado muy elevado de generalidad que excluye situaciones particulares que necesariamente deben ser contempladas y que no pueden ser reglamentadas después”.
“Lo que se hizo es esto, darle la posibilidad al Fiscal que dentro de sus funciones y su conocimiento evalúe los considerando y el articulado de la norma, llegando a la conclusión consultando muchos autores y haciendo un análisis muy pormenorizado de la Ordenanza, que tenía inconsistencias y por eso recomendaba el veto”, señaló.
Por último, el secretario de Gobierno y Ciudadanía dijo que “también tiene que ver con la responsabilidad del Ejecutivo de llevar adelante normas que tengan todas las garantías constitucionales de ser ejecutadas y respeten los derechos de todos los ciudadanos”.