El juez federal Daniel Rafecas procesó al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron por "negociaciones incompatibles con la función pública" surgidas a partir de haber presuntamente favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de dos contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

Se trata del primer procesamiento dictado en la justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo del pago de sobornos en distintos países por parte de la constructora brasileña. También fueron procesados los ex subsecretarios de Combustibles y Energía Eléctrica Cristian Folgar y Bautista Marcheschi.

Los contratos para ampliar los gasoductos, según el magistrado, "debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa)" pero "en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas" de los entonces funcionarios.

La megaobra con un presupuesto de 2300 millones de dólares estuvo a cargo de Odebrecht. Para Rafecas, "todo el proceso licitatorio habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht", aunque aclaró que en su investigación no está comprendido el supuesto pago de sobornos, sino que esta parte del delito forma parte de otra causa a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

"En el caso de De Vido, la delegación de la toma de las decisiones hacia funcionarios de su dependencia junto con la ausencia de todo accionar en favor de la correcta prelación de los intereses estatales en juego, constituyó un aporte esencial a la actuación delictiva de los funcionarios dependientes de su cartera que benefició indebidamente a la empresa internacional de mención", argumentó Rafecas y por ello lo procesó como "partícipe necesario".

Cameron y los ex subsecretarios fueron procesados como autores del delito en tanto que De Vido está acusado de "partícipe necesario". El ex ministro está detenido en otra causa penal por un supuesto fraude en el uso de fondos públicos destinados a reconvertir el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz.

Fuente: Página 12