Radio ADN 97.9 FM - RafaelaLa producción agropecuaria argentina enfrenta un nuevo desafío que excede los rindes, los costos y los precios de los granos. En un mercado internacional cada vez más exigente, demostrar cómo y dónde se produce comienza a ser tan importante como producir. En ese escenario aparece VISEC, una plataforma que busca garantizar la trazabilidad de la soja y la carne, y que plantea nuevas obligaciones para todos los eslabones de la cadena.
Para explicar sus alcances, despejar dudas y poner sobre la mesa las inquietudes que atraviesan al sector, Carlos Bertolaccini, presidente del Centro de Federación de Acopios de Santa Fe, visitó los estudios de Radio ADN y dialogó con Maximiliano Luján en el programa "El Campo No Para".
Durante la entrevista, el dirigente hizo especial hincapié en la necesidad de informar y generar conciencia entre los productores, muchos de los cuales todavía observan con resistencia una herramienta que implica trámites, exposición de información sensible y nuevas exigencias administrativas.
«No es una certificadora, sino simplemente una plataforma que agrupa información y permite con eso certificar que la producción de soja y de carne proviene de un lote de origen legal y sustentable», explicó Bertolaccini al comenzar a desmenuzar el funcionamiento de VISEC.
La diferencia no es menor. La legalidad contempla el cumplimiento de las normativas ambientales, tributarias y laborales, tanto nacionales como provinciales. La sustentabilidad, en cambio, pone el foco en la deforestación y establece como fecha de corte diciembre de 2020: aquellos lotes desmontados con posterioridad a ese período no podrían considerarse sustentables bajo los criterios mencionados en la entrevista.
Uno de los conceptos centrales que dejó la conversación es que las exigencias de los mercados internacionales están cambiando y que la trazabilidad comienza a ser una condición cada vez más relevante para comercializar.
«El mundo está comprando mercaderías trazadas», sostuvo Bertolaccini. Y agregó que los consumidores demandan cada vez más información sobre el origen de los alimentos que llegan a sus mesas.
En ese sentido, el dirigente resumió el nuevo escenario con una frase contundente: «No alcanza con producir bien, sino que hay que demostrarlo».
La Unión Europea aparece como uno de los principales motores de este proceso. Según explicó, ese mercado representa aproximadamente el 20% de las exportaciones argentinas de harina de soja y avanza hacia mayores exigencias de trazabilidad.
La cuestión, por lo tanto, no se limita a cumplir con un procedimiento administrativo. Lo que está en juego es la posibilidad de mantener y desarrollar mercados que demandan garantías sobre el origen y las condiciones de producción.
Bertolaccini también consideró que esta situación puede abrir una oportunidad comercial para la Argentina frente a otros competidores, particularmente Brasil, al que identificó como un país que enfrenta mayores dificultades en materia de deforestación.
La posibilidad de posicionar la producción argentina como sustentable y trazable podría convertirse así en un diferencial dentro del comercio internacional.
Uno de los momentos más importantes de la entrevista estuvo dedicado a explicar qué debe hacer concretamente el productor para incorporarse a la plataforma.
En términos generales, el procedimiento implica georreferenciar los lotes y suministrar información vinculada con el RENSPA. Se trata de datos que permiten identificar el establecimiento y vincular la producción con su lugar de origen.
Precisamente, allí aparece una de las principales resistencias: la preocupación por compartir información que muchos productores consideran sensible.
«Es el temor más grande que tienen», reconoció Bertolaccini al referirse a las consultas sobre quién controla los datos y qué uso puede hacerse de ellos.
Según explicó, la información es administrada por una entidad autárquica que trabaja a través de la Bolsa de Comercio de Rosario. La intención, indicó, es que esos datos no sean entregados a los exportadores para que puedan manipular la información individual de los productores.
La cuestión de la privacidad, por lo tanto, sigue siendo uno de los puntos que necesitan mayor explicación para generar confianza y facilitar la adhesión.
También surgió una consulta frecuente entre quienes trabajan sobre campos alquilados: ¿quién debe aportar la información, el propietario o el arrendatario?
La respuesta de Bertolaccini fue clara: el dato central corresponde a quien está produciendo, porque el RENSPA está asociado a la persona que desarrolla la actividad productiva.
Más allá de las exigencias ambientales y comerciales, hay una pregunta que atraviesa cualquier decisión económica dentro del establecimiento: ¿qué beneficio concreto obtiene quien se suma?
Bertolaccini explicó que, en esta primera etapa, comenzaron a aparecer incentivos económicos mediante sobreprecios para estimular la inscripción y la certificación de la mercadería.
Sin embargo, el dirigente advirtió que el escenario futuro podría ser diferente. La trazabilidad dejaría de representar una ventaja comercial para convertirse en una condición necesaria para acceder a determinados mercados.
«Después va a ser una condición sine qua non para que vos le puedas vender a Europa», señaló.
La posibilidad de recibir un diferencial por la soja trazada dependerá de la demanda y de los cupos disponibles. No necesariamente se trasladará de manera directa a la pizarra, sino que podría expresarse mediante bonificaciones específicas, como ocurrió anteriormente con otros esquemas de certificación.
En definitiva, la discusión no pasa solamente por cuánto cuesta incorporarse hoy, sino por cuánto podría costar quedar afuera mañana.
Si para el productor VISEC representa nuevas tareas administrativas y la necesidad de aportar información, para los acopios el desafío tiene una dimensión operativa todavía mayor.
Bertolaccini explicó que los centros de acopio constituyen el primer punto de la cadena donde debe realizarse una segregación física y documental de la mercadería.
Esto significa que no alcanza con identificar en los papeles qué soja está trazada y cuál no. También es necesario mantener separados los granos dentro de las instalaciones.
«Ese silo tiene soja no VISEC, aquel silo es todo VISEC», ejemplificó.
La exigencia implica modificaciones en los procedimientos de recepción, almacenamiento y despacho, además de inversiones y costos vinculados con las certificaciones correspondientes.
El dirigente reconoció que también hubo resistencia entre los acopiadores, especialmente porque debieron afrontar gastos para adecuar sus plantas y contratar certificadoras internacionales.
«El acopio es uno de los más afectados de la cadena», sostuvo.
Por ese motivo, recomendó a los asociados avanzar con la inscripción y adecuación de sus instalaciones. De lo contrario, podría ocurrir una situación problemática: que un productor tenga su mercadería incorporada al sistema, pero encuentre dificultades para entregarla en una planta que no esté preparada para recibirla y segregarla.
Durante la entrevista, los oyentes también trasladaron inquietudes concretas sobre las dificultades administrativas que implica el proceso.
Una de ellas estuvo relacionada con los productores que cuentan con registros agrícolas antiguos y deben realizar gestiones presenciales ante oficinas del SENASA para actualizar la información georreferenciada de sus establecimientos.
El propio Bertolaccini reconoció que el procedimiento puede resultar complejo y reclamó que se avance hacia mecanismos más simples y digitalizados.
Pero también planteó que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los productores y los integrantes de la cadena comercial.
En ese sentido, pidió una mayor participación del Estado y recordó que la Argentina pasó de ser considerada un país de bajo riesgo a uno de riesgo estándar, situación que obliga a cumplimentar mayores requisitos de trazabilidad para demostrar la sostenibilidad de sus productos.
«Eso me parece que le toca al Estado», remarcó.
Para el dirigente, la administración nacional también debe trabajar en la negociación internacional y en la defensa de los atributos de la producción argentina, que ya cuenta con herramientas de trazabilidad y documentación que podrían convertirse en argumentos comerciales frente a otros países.
Hacia el final de la entrevista, Bertolaccini volvió sobre una idea que atravesó toda la conversación: la necesidad de hacer docencia.
El dirigente consideró que productores, contadores, acopiadores y demás integrantes de la cadena deben trabajar coordinadamente para explicar los alcances de VISEC, poner sobre la mesa sus ventajas y desventajas y permitir que cada productor tome su propia decisión.
«La decisión es de él, nosotros no vamos a recomendar nada que nos exceda, pero uno tiene que decirle los pros, los contras y poner toda la información sobre la mesa», expresó.
El mensaje apunta a evitar que la falta de información termine convirtiéndose en un obstáculo para acceder a oportunidades comerciales.
Porque, más allá de las objeciones que genera el sistema, el escenario internacional parece avanzar hacia una producción cada vez más identificada, documentada y trazable.
Y en ese camino, la advertencia que dejó Bertolaccini en los micrófonos de Radio ADN resulta elocuente: «Sería una picardía que se pierdan negocios por no hacerlo».
La discusión sobre VISEC recién empieza a instalarse con fuerza en el campo argentino. Pero el tiempo para conocer sus alcances, evaluar sus implicancias y preparar cada eslabón de la cadena ya está corriendo.
