Eliminan el control automático de compras con tarjeta y billeteras virtuales

En una nueva ofensiva contra la burocracia estatal, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, anunció la derogación del régimen informativo que obligaba a las tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales a reportar todas las compras de los ciudadanos. La medida, oficializada este 22 de mayo, se enmarca en el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, impulsado por el presidente Javier Milei.

“Desde ahora, el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada”, explicó Pazo. El funcionario señaló que el objetivo es “simplificar la vida y dar más libertad” a los contribuyentes, poniendo fin a una normativa que —según el Gobierno— convertía en sospechosos a todos los ciudadanos.

¿Qué cambia con esta resolución?
Con la nueva normativa, las compras personales ya no serán informadas automáticamente a ARCA por las entidades que procesan pagos electrónicos. Esto aplica tanto para tarjetas de crédito y débito como para billeteras virtuales.

Además, se anunció una elevación de los umbrales mínimos de reporte obligatorio para diversas operaciones financieras. Estos son los nuevos topes:

• Pagos personales: de $1.000.000 a $50.000.000 para personas físicas; $30.000.000 para jurídicas.
• Extracciones de efectivo: solo se reportarán las superiores a $10.000.000.
• Saldos bancarios al cierre del mes: de $700.000/$1.000.000 a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
• Plazos fijos: nuevo umbral de $100.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
• Transferencias y billeteras virtuales: se eleva el piso de $2.000.000 a $50.000.000.
• Tenencias en agentes de bolsa (Alycs): solo se reportarán montos superiores a $100.000.000 (personas físicas).
• Compras de consumidores finales: el límite único será de $10.000.000, independientemente del medio de pago utilizado.

Desde el Gobierno aseguran que estos cambios apuntan a proteger la privacidad financiera de los ciudadanos y a fomentar un esquema fiscal menos intrusivo. No obstante, algunos especialistas advierten que podría debilitarse el sistema de control tributario y la capacidad de detectar movimientos sospechosos o evasión.