El Gobierno nacional publicó este miércoles un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impone significativas restricciones al derecho a huelga y permite la intervención directa de sindicatos, sin requerir justificación judicial. La medida ya generó un fuerte rechazo por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras agrupaciones gremiales, que la calificaron de "inconstitucional" y "regresiva".

Entre los puntos más controversiales del decreto se encuentra la nueva definición de “actividades esenciales”, que ahora incluye al transporte de cargas, los servicios portuarios y la actividad aerocomercial. En caso de conflicto gremial, estas actividades deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 50% al 75%, lo que, según denuncian desde el sindicalismo, limita de manera severa la capacidad de realizar medidas de fuerza efectivas.

Asimismo, el texto otorga al Poder Ejecutivo la potestad de intervenir organizaciones sindicales sin necesidad de una resolución judicial, un cambio que encendió las alarmas en centrales obreras y organismos de derechos laborales por su potencial impacto sobre la autonomía sindical.

“El Gobierno busca silenciar a los trabajadores”, afirmaron fuentes gremiales, al tiempo que recordaron que el derecho a huelga está protegido por la Constitución Nacional y por convenios internacionales ratificados por Argentina.

Desde la CGT anticiparon que ya se están evaluando acciones legales para frenar la aplicación del decreto y no descartan la convocatoria a una movilización nacional en defensa de los derechos laborales. En paralelo, distintos expertos en derecho laboral señalaron que partes del DNU podrían ser declaradas inconstitucionales en una eventual revisión judicial.