El pasado 20 de mayo, el presidente Javier Milei firmó un decreto que disuelve la Unidad de Investigación sobre el caso $Libra (UTI), un organismo creado hace apenas tres meses para esclarecer las responsabilidades en torno al desplome de la criptomoneda que él mismo promocionó públicamente a través de su cuenta oficial de X. La medida, tomada sin difusión ni explicaciones formales, generó una fuerte reacción en sectores de la oposición y entre referentes del ámbito judicial y financiero.

La UTI había sido constituida en febrero tras el escándalo por la promoción de $Libra por parte del presidente, lo que provocó un aumento artificial de su valor seguido de un abrupto desplome. Miles de pequeños inversores resultaron gravemente perjudicados, alimentando sospechas sobre una posible maniobra de manipulación de mercado.

La resolución de disolver la unidad lleva también la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según voceros del oficialismo, la UTI "cumplió con su tarea", aunque no se conocieron informes oficiales ni resultados concretos de su trabajo, lo que incrementa las sospechas sobre un intento deliberado de frenar la investigación.

Desde la oposición se acusa al Gobierno de encubrimiento y de “garantizar impunidad para los responsables”. Legisladores de distintos bloques coincidieron en que la medida debilita la confianza en las instituciones, atenta contra la transparencia y pone en duda el compromiso del Ejecutivo con la rendición de cuentas.

“La eliminación de la UTI sin justificar su cierre es un golpe a la credibilidad del sistema judicial y financiero. No se puede hablar de libertad de mercado mientras se ocultan maniobras que perjudican a miles de argentinos”, señaló un diputado de la oposición durante la última sesión en el Congreso.

En respuesta a la decisión presidencial, ambas cámaras legislativas resolvieron conformar una comisión investigadora propia. Esta instancia ya comenzó a convocar a funcionarios del gabinete nacional para que brinden explicaciones, aunque desde el Gobierno las respuestas han sido escasas y evasivas.

La disolución de la UTI, lejos de alinearse con las consignas oficiales de “castigar al que las hace”, parece orientada a encubrir responsabilidades y blindar al círculo presidencial. En un contexto de creciente desconfianza, este caso se convierte en una prueba clave para medir la verdadera voluntad del Gobierno de combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos.