El Senado no sesionó esta semana y pospuso el encuentro en el recinto para el jueves próximo, donde se tratarán la ley que mejora y blinda el presupuesto universitario, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre inteligencia y la Boleta Única de Papel (BUP). El último tema tiene un acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista que entró en riesgo, tras la exigencia de gobernadores radicales a la Casa Rosada para que aparezcan millonarios fondos de las cajas previsionales no transferidas a Nación.

La trifulca por esta cuestión se inició el martes último. Para entender mejor, es preciso revisar el contexto. Tras meses de tortuosas idas y vueltas del Gobierno en relación con la BUP, libertarios y dialoguistas arribaron a un consenso para modificar el proyecto ya aprobado por Diputados, con el fin de devolverlo en segunda revisión allí y sancionarlo antes de octubre.

El texto adoptaría el modelo mendocino por sobre el cordobés. Ambas provincias realizaron varios comicios sin problemas y aplican una sola papeleta para todo. Son bastante similares. La diferencia entre una y otra es que el sistema cuyano presenta mejor aval político si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas -más visibles-, en filas verticales.

La definición de este asunto fue seguida de cerca por varios legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR). En la Cámara alta, su jefe es el correntino Eduardo Vischi y también se encuentra nada menos que el presidente del centenario partido a nivel nacional, Martín Lousteau. La bancada viene desde hace largos meses con picardías de un puñado de integrantes que primero dicen una cosa y, después, hacen otra. Un espacio fracturado y con poco decoro para, cuándo no, algunas internas. Las votaciones en el recinto y los discursos son inobjetables a la hora de hallar confirmaciones.

En los últimos días, esto volvió a repetirse. El martes, cuando estaba todo en fila para sesionar y aprobar los cambios a la BUP, un grupo de radicales informaron al oficialismo que si el Gobierno no daba una respuesta sobre los fondos millonarios de las cajas no transferidas a Nación -son 13 distritos englobados en esta puja-, el proyecto ingresaba en zona de nocaut. Desde ese día y hasta este fin de semana, flotaron excusas endulzadas para amortiguar la razón principal de la voltereta radical.

De hecho, durante el debate de la ley que mejoraba las jubilaciones y que Javier Milei vetó, diferentes bancadas dialoguistas le sugirieron al Gobierno un mínimo guiño o gesto -lógico- en relación con el tema. Esto no fue bien recibido por la Casa Rosada, donde parten todas las verdades absolutas sobre la Argentina, el mundo y la vida, en general. La negativa fue rotunda y el vuelto apareció, con creces.

Mientras tanto, en despachos oficialistas del Senado mantienen una paciencia envidiable y aspiran a arribar a buen puerto. La Libertad Avanza a veces tampoco ayuda y agita reacciones. Un claro ejemplo de esto ocurrió el mismo martes -fue una tarde delirante en la Cámara alta-, en un plenario de las comisiones de Coparticipación; y de Presupuesto y Hacienda, cuando se quiso descartar una iniciativa presentada en su momento por el entonces legislador y actual gobernador chubutense, Ignacio Torres, para repartir un 50% del impuesto al cheque -que siempre nació de una emergencia- a favor de las provincias. Es delicado: son fastuosos fondos frescos y a la orden de la gestión de turno.

“El proyecto que dieron de baja unilateralmente hay que tratarlo. Tiene que ingresar a la comisión, porque es importante para las provincias determinar cómo va a ser esa distribución y que no sea el Poder Ejecutivo, al libre albedrío, quien defina”, manifestó la senadora del Frente de Todos y ex gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner.

Minutos más tarde y, como consta en la versión taquigráfica -un trabajo siempre serio de esa oficina-, la dialoguista Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que es clave para que avance la BUP, expresó: “Pedí una moción de preferencia. El recinto, ¿qué me dijo? Con dictamen. Me dijo: sí, con dictamen. Acá estamos para hacer eso, para dictaminar. No creo que sea oportuno que se quite del temario un proyecto que ya fue mencionado en el recinto y que obtuvo 42 votos. Estuvimos a muy poquito de tener los dos tercios en ese momento. Perdón: tuvimos 45 votos”.

“Creo que es el momento en el que tenemos que dar tratamiento y dictamen y, luego, llevarlo al recinto. Urge a las provincias tomar con seriedad la cuestión de la coparticipación, específicamente qué haremos con este proyecto que alude a la ley de los débitos y créditos bancarios”, agregó Silva.

Dentro del lote de discursos kirchneristas y de silvestres provinciales dialoguistas apareció el del titular de la comisión de Coparticipación, el radical Víctor Zimmermann. En un tono cordial y respetuoso con el que siempre se maneja el chaqueño, sentenció: “Para nosotros tiene estado parlamentario y, por eso, lo leímos al comienzo entre los proyectos que están a debatir, justamente, en estado parlamentario. Yo pretendo, en lo personal, ya no como presidente de la comisión, que ése y todos los proyectos se traten, inclusive los que se puedan presentar de acá para adelante”.

En síntesis, un malhumor generado que precipitó lo que, horas más tarde, los radicales le pidieron al Gobierno. Ocurre a días de la presentación del Presupuesto 2025 en Diputados, a la que asistiría el propio Milei, una apuesta de riesgo. “La Boleta Única de Papel ya no tiene nada más técnico por analizar. Es todo político”, deslizaron desde La Libertad Avanza. Otros, no piensan lo mismo. “¡Están hablando del ‘peluche’!”, resumió en la noche del jueves último un experimentado asesor del Congreso a Infobae. El baile por el plan de gastos del año próximo sería furioso. Es más: en pasillos del Senado estiman una batalla peor que la ley Bases.