Como en las ciudades, en la zona rural de toda la provincia de Santa Fe la inseguridad crece y no para.

Desde la Sociedad Rural de Rafaela venimos advirtiendo sobre esta situación hace muchos años, pero lamentablemente con más énfasis en tiempos más recientes.

Somos los productores agropecuarios y nuestros trabajadores los que habitamos la ruralidad, los que estamos detrás de la generación de alimentos, los que empujamos la economía, los que servimos en las menciones de cualquier discurso político, pero también los que jamás somos atendidos en nuestra seguridad, los que no tenemos nunca los delitos dilucidados y mucho menos a los delincuentes condenados.

En las últimas horas, nuestra región padeció algo conocido como una “zona liberada” a delincuentes que recorrieron al menos tres localidades perpetrando delitos de todo tipo, con robos de maquinaria y vehículos, de animales, entrometiéndose sin limitaciones en la propiedad privada.

Solidarizándonos con lo sufrido queremos remarcar que ni siquiera se cuenta en las comunas con cámaras de video vigilancia para, al menos, avanzar en las investigaciones.

Al momento de pedir a las autoridades policiales, judiciales y también a las ejecutivas la atención de los hechos no encontramos respuestas y es ese abismo el que sigue complicando nuestra tarea todos los días.

Hemos ido normalizado el asesinato de nuestros animales, los robos, pero también la desatención de las guardias rurales a las que nosotros mismos aportamos con nuestros impuestos y con donaciones puntuales para poder tener en algún momento la ilusión de la prevención, o al menos la acción cuando los hechos ya están cosumados, situación que no termina dándose.

Como productores y como representantes de una entidad centenaria de la provincia de Santa Fe solicitamos a todas las autoridades de manera urgente la revisión de la estrategia utilizada, para que realmente se revierta la preocupante inseguridad rural. Necesitamos leyes más estrictas para la condena de estos delitos. Del mismo modo, pedimos que la Justicia actúe en los hechos, los investigue y condene a los delincuentes que nos agobian y ponen en riesgo nuestras propias vidas.

Son los gobiernos de la provincia y los locales los que deben trabajar en este sentido, simplemente para que podamos seguir trabajando y aportando a nuestras comunidades.