La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la necesidad de reforma del sistema público de salud en Argentina. Este posee 4 subsectores: hospitales públicos, seguridad social con clínicas sindicales, prepagas y PAMI. Aproximadamente el 36% de la población utiliza los hospitales públicos, el 60% se atiende en clínicas vinculadas a las obras sociales sindicales, el 13% se atiende por las empresas de medicina prepaga y el 10% utiliza más de un sistema. En total, aproximadamente 3,5 millones de personas mayores tienen cobertura del PAMI.

De esta forma, la atención en la pandemia no pudo brindarse de manera integrada, ya que respondía a distintas autoridades sanitarias. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 2020- 2022 la pandemia causó en Argentina 129.830 víctimas fatales, con un exceso de muertes de 128 cada 100,000 habitantes. En mayo del 2023 este número se incrementó a 130.432, colocando así a nuestro país en el quinto lugar en el récord de muertes por la pandemia en Latinoamérica y el Caribe (luego de Brasil, México, Perú y Colombia).

 
La cobertura de salud de la población es, en consecuencia, muy heterogénea, con un alto porcentaje de trabajadores irregulares y alta inequidad en la calidad de la cobertura de salud.

Las diferencias se acentúan aún más ya que la responsabilidad de la provisión del sistema público de salud recae mayormente en las provincias y municipios, de los que dependen el 95.7% de los hospitales. De esta manera, la provincia con más hospitales posee un número cuatro veces mayor que el distrito con menos hospitales públicos.

A pesar de esta disparidad, Argentina se sitúa en el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor número de hospitales (3000), camas (118.000), quirófanos (3300) y médicos (4 por cada 1000 habitantes).

No sorprenden los resultados de una encuesta sobre la percepción de los argentinos sobre el sistema de salud, publicada el 14 de noviembre en el sitio web Statista, la cual revela que el 80% de los entrevistados no tiene acceso a atención sanitaria de calidad y el tiempo de espera para los turnos es demasiado extenso.

Sin embargo, el mismo sitio también revela que Argentina posee la mayor densidad de camas hospitalarias por población en Latinoamérica y el Caribe (5.2 cada 1000 habitantes) y la inversión en salud representa el 10% del producto bruto nacional (cifras del 2020).

En este escenario con altibajos, no hay dudas que el sistema de salud pública de Argentina debe ser reformulado.

Mi experiencia en Argentina abarca mis residencias en los Hospitales de Clínicas y el de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y como Médica de Planta en el Hospital de Niños Superiora Sor María Ludovica, de La Plata. En forma adicional, tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital de Niños de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, durante la transición del Apartheid al gobierno de Nelson Mandela, además de mi actual pertenencia al Sistema Nacional de Salud de Inglaterra. 

¿Qué sistema de salud pública merecen los argentinos?

El servicio de salud pública debe equipararse a los estándares internacionales y ser -al mismo tiempo- inclusivo, equitativo y eficaz, logrando el balance entre la optimización de los recursos públicos y el bienestar de la población, priorizando el respeto y la dignidad tanto del personal de salud como de los pacientes, así como la compasión y no discriminación.

El acceso a la salud debe ser un derecho de todos, sin importar la capacidad de pago del enfermo.

¿Cómo reformular el sistema de salud pública?
En 1943 nuestro país dio el puntapié inicial con la creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social que en 1949 se transformó en el Ministerio de Salud de la Nación.

A diferencia de los países europeos que comenzaron con sistemas similares aproximadamente en la misma época, el sistema argentino evolucionó en dos subsistemas: la asistencia pública y el seguro social. Esto devengó en la multiplicación de servicios, con mayores costos operativos y -simultáneamente- una gran fragmentación de los recursos y las políticas de salud.

Sumado a esto, y a diferencia de lo que ocurrió en los países desarrollados, el sistema público de salud se politizó y las autoridades de los hospitales públicos son nombradas por el gobierno de turno (provincial, nacional y/o municipal). Esto impide planificar el desarrollo y los objetivos a alcanzar a mediano y a largo plazo, ya que cada 4 años se hace “borrón y cuenta nueva”.

Como quedara demostrado en la reciente pandemia, el tratamiento de la salud en el siglo XXI requiere de tecnología de alta complejidad. La expectativa de vida de la población es cada vez más alta, así como la demanda de tratamiento de enfermedades complejas, sin mencionar que próximamente el avance de la genética redundará en que los tratamientos serán cada vez más personalizados y específicos.

El sistema de salud pública requiere su reformulación urgente, y deberá apuntar a:

- La integración de los proveedores de salud pública en un sistema nacional y coordinado.

- La redistribución de la demanda de salud en centros de especialización zonal, regional y nacional que cubra los requerimientos de la población y colabore estrechamente con el gobierno y la comunidad locales, a los efectos de desarrollar políticas que confluyan en resolver las causas económicas y sociales que afectan negativamente la salud de la población.

- La creación en cada hospital de un comité integrado por miembros de la comunidad, profesionales de la salud, así como por especialistas en finanzas, tecnología, recursos humanos y calidad de salud.

- Nombrar a las autoridades de los hospitales por concurso de oposición y antecedentes.

- Planificar y generar la visión institucional a corto y mediano plazo, de manera coordinada con los otros integrantes del sistema de salud.

- Brindar asistencia sanitaria acorde al desarrollo de la ciencia y la tecnología actuales.

- Evaluar de manera continua así como retrospectiva la calidad, eficiencia y productividad del servicio brindado.

Fuente: Infobae.com