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Imputaron a una pareja rafaelina por la causa de Juego Clandestino

Se trata de un abogado penalista y su esposa, escribana pública. Los fiscales consideran que tienen elementos contundentes para tomar esa determinación. El domicilio había sido allanado en una oportunidad y se habían secuestrado celulares.

Policiales24/04/2021Radio ADN 97.9 FM - RafaelaRadio ADN 97.9 FM - Rafaela
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En las primeras horas del jueves 25 de marzo pasado se concretaron 24 nuevos allanamientos en el marco de la investigación por juego clandestino que llevan adelante los fiscales de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, los doctores Guillermo Loyola y Gabriela Lema. De ellos 16 fueron en Rafaela; 5 en Rosario; 1 en Lehmann; 1 en Ataliva y 1 en Eusebia.

Esos procedimientos se dieron en el marco de una continuidad de causas iniciadas en la ciudad de Rosario y que tuvo correlato también en Rafaela y buena parte de la provincia de Santa Fe.

Recordamos que en allanamientos anteriores habían sido imputadas 14 civiles y cinco jefes policiales, tres de los cuáles fueron en su momento jefes de la Unidad Regional V del departamento CASTELLANOS, y que continúan detenidos con prisión preventiva acusados de integrar una asociación ilícita vinculada a darle protección al juego ilegal.

Volviendo a lo ocurrido aquel 25 de marzo, entre los 16 intervenciones que se realizaron en Rafaela, una de ellas tuco como escenario la casa en la que residen un abogado penalista del foro local y su esposa -escribana pública- desde donde habrían secuestrado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la investigación en curso.

Carátulas

De acuerdo a lo que pudo saber extraoficialmente Diario CASTELLANOS, los fiscales Loyola y Lema habrían sindicado a la mujer VW el formar parte de una asociación ilícita en calidad de miembro o integrantes; en tanto a su marido PM le endilgarían la figura de Encubrimiento agravado.

El resto

Recordamos que los días 31 de marzo y 1º de abril bajo la presidencia del Juez de la IPP, Dr. Javier Bottero, se desarrollaron audiencias remotas en los Tribunales locales en las que el magistrado decidió que continuaran privados de la libertad Leonardo Andrés Peiti; Edgardo Ángel Santucci y Andrés José María Sánchez; en tanto María Beatriz Sphan recibió la morigeración del arresto domiciliario en la localidad de Eusebia; mientras que a Roberto Esteban Peiti le decretó medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que recuperó la libertad tras pagar una fianza que fue fijada en la suma de un millón de pesos.

En el caso de Leonardo Peiti, Andrés Sánchez y María Beatriz Sphan fueron acusados de asociación ilícita en calidad de jefe; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente; y defraudación en perjuicio de administración pública. Las tres calificaciones penales fueron endilgadas en carácter de coautores y en concurso real entre sí. En tanto a Edgardo Santucci, además de los cargos mencionados, se le endilgó también el delito de lavado de activos calificado.

El jueves 1º de abril en primer término el Juez rechazó la pretensión de la defensa de Leonardo Andrés Peitti de otorgarle -en esta causa- la prisión domiciliaria, aplicando sí la posibilidad de medidas alternativas en caso de recuperar la libertad mediante apelación. Entonces -dijo Bottero- si apela y lo liberan a partir de allí sí comenzarán a ser operativas las alternativas, tales como fijar domicilio, firmar la planilla correspondiente en la Oficina de Gestión Judicial de Rosario todos los días lunes; prohibición de salir de la provincia de Santa Fe, entre otras.

En el caso de Julio César Perona se le decretó la prisión preventiva sin plazos pero morigerada con el arresto domiciliario debido a sus problemas de salud. Por su parte Facundo Perona recibió medidas alternativas a la prisión preventiva tales como fijar domicilio; presentarse todos los lunes en la Comisaría Segunda a firmar la planilla pertinente; prohibición de tener contacto con el resto de los imputados, excepto familiares; y pagar una fianza establecida en los $300.000.

Fuente: Castellanos

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