El Estado nacional asumirá la gestión de cinco corredores viales que fueron administrados de manera «absolutamente deficientes» por las concesiones privadas a las que el gobierno anterior benefició con $18 mil millones en subsidios.

Así lo anunció esta tarde el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde precisó que queda efectivo el traspaso a partir de ayer del Corredor Vial Número 3, que estaba en manos de la concesionaria Autovía Buenos Aires a Los Andes.

A su vez agregó que se traspasarán otros cuatro en los próximos cinco meses, que serán administrados por Corredores Viales Sociedad del Estado. En este orden, el Corredor Vial Número 2, a cargo de Corredor Integración Pampeana, pasará a la órbita estatal a partir del 29 de febrero; mientras que el Número 6, de Caminos del Paraná, el 31 de marzo; el Número 8, que operaba Corredor Central, el 30 de abril, y el Número 4, bajo concesión de Carreteras Centrales de Argentina, a partir del 31 de mayo.

El traspaso incluirá a los más de 1.200 empleados que trabajan en las cinco concesiones que pasarán a cumplir funciones dentro de la estructura estatal de la empresa Corredores Viales, según pudo confirmar Télam.

«Estas concesiones tuvieron un costo en subsidios en el 2019 de $5.800 millones. En los últimos cuatro años, de $18 mil millones. Quiere decir que además del costo del peaje hay un costo adicional para el Estado que es el costo de estos subsidios», afirmó Katopodis, acompañado por Atanasoff y Gustavo Arrieta, el flamante director de Vialidad Nacional.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Gobierno es poner en marcha «un modelo que priorice el interés público sobre el privado y que maximice el mantenimiento de las rutas» a partir de la recuperación del «rol del Estado y de Vialidad» como administrador de estos caminos y rutas que habían sido gestionados de manera «absolutamente deficientes» por sus sus concesionarios privados.

Además, precisó que han sido ordenadas auditorías «en cada una de las áreas» del Ministerio de Obras Públicas, porque la situación heredada del gobierno de Mauricio Macri «es realmente grave», por el «endeudamiento, la parálisis de las obras, el modelo de negocios y la decisión de privatizar y reducir al mínimo la capacidad de regulación del Estado en el control de este tipo de concesiones».

«Son 40 mil kilómetros los que administra Vialidad y hasta el día de hoy 9 mil estaban concesionados. De esos, 3.200 son los que en los próximos cinco meses van a pasar a administración de Vialidad Nacional porque estamos convencidos de la capacidad del Estado», agregó el ministro.

Asimismo, garantizó además que los subsidios y la recaudación de los peajes serán»reinvertidos» por el Estado en el mantenimiento de las rutas para obtener mejores resultados que los que hubo en estos cuatro años, al tiempo que señaló que hay un grado de «ilegalidad» en la renovación de aquellas concesiones que firmó el gobierno de Macri en 2017.

«Estamos haciendo las auditorías para saber cuál fue el destino de los $18 mil millones que a los argentinos les salió el mantenimiento de estas concesiones, siendo que en general en cada uno de estos corredores y cada una de estas rutas no encontramos ‘a priori’ la realización de obras y del mantenimiento correspondiente que acredite el impacto de esos recursos en este tipo de inversiones», afirmó Katopodis.

Fuente: Agencia Télam / La Nación.-