La causa judicial en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes tiene sus primeros tres imputados. Todos eran oficiales de la Armada en el momento del siniestro.
Ellos son: el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos.
Las declaraciones indagatorias serán los días 22, 23 y 24 de octubre, respectivamente. Es decir, en el caso de Alonso, un día antes de que prescriba el presunto delito de “incumplimiento de funcionarios público”, tal como alertó la abogada querellante Valeria Carreras, ya que el 25 de octubre se cumplirán los dos años de la zarpada del submarino desde la Base Naval Mar de Plata, fecha en la cual, para la letrada, “se configuró el delito”.
Esto tiene una razón de ser. La pena máxima para esa calificación legal es de dos años, y para los ex funcionarios el tiempo no se interrumpe, como para los que aún siguen en funciones, como por ejemplo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad.
 
En la cédula de notificación, se aclara que recién cuando se presenten para la declaración indagatoria “se les hará saber a los imputados los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra”.
La jueza federal deja entrever que no serán los únicos imputados que tendrá la causa, y que estos serán “convocados con el devenir de la presente instrucción”.