Se trata de la ley que legitima la propiedad de los habitantes de los inmuebles asentados en el Registro Nacional de Barrios Populares, y de pequeños emprendimientos productivos. En Santa Fe hay más de 340 asentamientos irregulares que serían beneficiados por la norma.

Vecinos lindantes al asentamiento Esperanza, reclamaron a los ediles las irregularidades que el mismo presenta. Además criticaron el aval del Estado municipal a la hora de la usurpación y las conexiones irregulares cuando a los demás vecinos les solicitan todos tramites correspondientes.