Radio ADN 97.9 FM - RafaelaLa inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en el funcionamiento de los sistemas judiciales y plantea nuevos desafíos para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. En ese escenario, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Pablo Lorenzetti, participó como expositor del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Justicia “Innovación y Justicia”, que se desarrolló el 12 y 13 de noviembre en San Miguel de Tucumán.
Durante la primera jornada, Lorenzetti integró el panel “Diálogo de jueces y juezas: los jueces y juezas frente al uso de la IA – Mirada aplicada”, junto a magistrados de distintas jurisdicciones argentinas y a la jueza Sandra dos Reis Luís, del Tribunal de Apelaciones de Lisboa. Allí presentó su conferencia titulada “Inteligencia artificial y tutela judicial efectiva en los litigios ambientales y climáticos”, una exposición centrada en las oportunidades y los límites que ofrecen estas herramientas frente a conflictos de creciente complejidad.
Uno de los principales ejes de la presentación fue cómo la inteligencia artificial puede modificar las posibilidades de intervención de los tribunales en los conflictos ambientales y climáticos.
Lorenzetti explicó que estos litigios presentan características particulares: los daños suelen ser difusos, acumulativos y, en muchos casos, irreversibles. A esto se suma la dispersión de la información técnica, que frecuentemente se encuentra en poder de quienes generan los riesgos, y las dificultades que aparecen al momento de lograr el cumplimiento efectivo de las sentencias.
Frente a este escenario, el magistrado planteó una definición que sintetizó el núcleo de su exposición: “La inteligencia artificial no modifica las reglas y principios del Derecho Ambiental, pero sí altera los hechos sobre los que esas pautas operan”.
La idea apunta a un cambio significativo: cuando la tecnología permite conocer, medir y anticipar fenómenos que antes resultaban difíciles de identificar, también se amplían las posibilidades de aplicación de herramientas jurídicas tradicionales.
En su análisis, Lorenzetti identificó tres momentos del proceso judicial colectivo en los que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ya pueden producir transformaciones concretas.
El primero es la prevención. Los sistemas de detección y alerta temprana permiten identificar riesgos con mayor anticipación y modifican el alcance de aquello que puede considerarse previsible. Esto también amplía las posibilidades de actuación de oficio por parte de jueces y juezas.
El segundo corresponde a la producción de pruebas. La información obtenida mediante satélites, sensores y modelos de aprendizaje automático permite acreditar situaciones que hasta hace poco podían resultar prácticamente indemostrables. Sin embargo, estas herramientas también exigen garantías: es necesario conocer el origen de los datos, asegurar su trazabilidad y permitir que las partes puedan controlar la evidencia incorporada al proceso.
El tercer aspecto es la ejecución de las sentencias. La disponibilidad de información objetiva y periódica abre la posibilidad de implementar mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las decisiones judiciales y mejorar el control de las obligaciones impuestas.
El magistrado también puso el foco en los riesgos asociados a la incorporación de estas herramientas. Advirtió que la misma tecnología capaz de aportar evidencia puede generar información falsa o distorsionada, y que los sistemas utilizados para detectar daños ambientales también tienen una huella ambiental que debe ser considerada.
En ese sentido, remarcó que ningún desarrollo tecnológico puede sustituir el razonamiento, la valoración de las pruebas ni la responsabilidad constitucional que corresponde exclusivamente a quienes ejercen la función judicial.
La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por incorporar inteligencia artificial a los tribunales, sino por establecer bajo qué condiciones puede utilizarse, cuáles son sus límites y qué garantías deben preservarse para asegurar una tutela judicial efectiva.
El congreso fue organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), en el marco de su 60.º aniversario, junto con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Con más de mil asistentes y más de cincuenta especialistas provenientes de ocho países, el encuentro se consolidó como uno de los espacios de debate más convocantes del país sobre inteligencia artificial y administración de justicia.
La agenda incluyó conferencias, talleres y paneles sobre interseccionalidad y vulnerabilidad; riesgos y salvaguardas, como las alucinaciones de los sistemas, la ciberseguridad y la independencia judicial; y experiencias de innovación en distintos poderes judiciales.
Entre los especialistas internacionales participaron Alfredo Ferrante, de la Universidad de Pavía; Gabriel Casado Ollero, de la Universidad Complutense de Madrid; y Carlos Amunátegui Perelló, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También expusieron el ministro de la Suprema Corte de Mendoza Mario Adaro, el consultor de la CEPAL Peter Sharp y la investigadora del CONICET Marisa Herrera.
La conferencia internacional inaugural estuvo a cargo de João Cura Mariano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal.
A lo largo de las jornadas, una idea atravesó buena parte de las exposiciones: la inteligencia artificial puede potenciar el servicio de justicia, mejorar el acceso a la información y ampliar las capacidades de los tribunales, pero la decisión judicial continúa siendo una responsabilidad indelegable de jueces y juezas.
La participación de Pablo Lorenzetti permitió incorporar a ese debate internacional una perspectiva específica sobre los desafíos ambientales y climáticos, un campo en el que la capacidad de anticipar daños, producir pruebas y controlar el cumplimiento de las sentencias puede resultar determinante para garantizar el acceso efectivo a la Justicia.
