El Gobierno libera el crédito en dólares y apuesta a movilizar una montaña de billetes

A partir de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuará el marco regulatorio aplicable a las financiaciones en moneda extranjera otorgadas por las entidades financieras.

La norma amplía los destinos admitidos para la aplicación de depósitos en moneda extranjera con el fin de incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada. La canalización del ahorro doméstico en moneda extranjera a través del sistema bancario permite ampliar la oferta de crédito, impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo.

En economías bimonetarias¹, una intermediación financiera más profunda contribuye a reducir el desbalance entre ahorro doméstico e inversión privada. Por eso, la implementación de la medida estará acompañada por un esquema prudencial destinado a que la expansión del financiamiento se desarrolle de manera sostenible, resguardando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos asociados al potencial descalce de moneda de los tomadores de crédito.

A tal fin, el BCRA establecerá que las financiaciones provenientes de los depósitos en moneda extranjera otorgadas a clientes que no se encuentren comprendidos en los destinos previamente admitidos por la regulación no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad financiera.

Asimismo, esas financiaciones estarán sujetas a un tratamiento prudencial más exigente:
– En materia de capital, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables.

– A los efectos de los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería de no encontrarse alcanzadas por este tratamiento específico.

– Las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

Estas medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen.