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El Gobierno apelará la suspensión del decreto que disuelve Vialidad Nacional

La decisión judicial frenó por seis meses los efectos del decreto que cerraba el organismo encargado de las rutas nacionales. Adorni anunció que se recurrirá el fallo, mientras el Ejecutivo avanza con la reestructuración del sistema de transporte y control de concesiones.

Nacionales18/07/2025Radio ADN 97.9 FM - RafaelaRadio ADN 97.9 FM - Rafaela
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este jueves que el Gobierno nacional apelará la medida judicial que suspendió la aplicación del decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión había sido tomada por la Justicia tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, que agrupa a trabajadores del sector.

El funcionario comunicó la postura oficial a través de su cuenta de X, apenas horas después de conocerse el fallo que frena, por al menos seis meses, cualquier acto administrativo derivado del decreto firmado por el presidente Javier Milei.

La semana pasada, Adorni había sido el encargado de anunciar públicamente el cierre “definitivo” de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a los que calificó como “estructuras obsoletas y parte del sistema de corrupción en la obra pública”.

Según explicó en aquel momento, las funciones vinculadas al diseño y planificación de infraestructura vial pasarán a estar bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y otras dependencias del Ministerio de Economía. En tanto, el control de las concesiones será competencia de un nuevo organismo: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la CNRT.

Vialidad Nacional fue históricamente el organismo técnico responsable de diseñar, construir, mantener y fiscalizar la red vial del país. Su tarea era garantizar la conectividad territorial mediante rutas seguras, eficientes y transitables, clave para el transporte productivo, turístico y social.

La cautelar interpuesta por el gremio argumenta que la disolución del organismo afecta derechos laborales y compromete la continuidad de tareas estratégicas para la infraestructura nacional. Mientras tanto, el Gobierno ratifica su decisión de avanzar con la reorganización del esquema estatal bajo los lineamientos de eficiencia y achicamiento del gasto público que impulsa la administración libertaria.

Desde Casa Rosada aseguran que insistirán judicialmente para sostener la validez del decreto y continuar con la transformación estructural del sector vial y de transporte en Argentina.

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