Tal como informáramos en la jornada del lunes, y de acuerdo al matutino Clarín, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había arremetido contra presuntas irregularidades dentro de los organismos que recientemente han pasado a su jurisdicción. En esta ocasión, las acusaciones apuntaban directamente a antiguos responsables de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), que ocuparon cargos desde el 1° de enero de 2018 hasta el 10 de diciembre pasado.

El detonante de esta acción penal fue una auditoría interna que reveló posibles maniobras "defraudatorias" en los desembolsos destinados al funcionamiento de varios centros de primera infancia. Estas transferencias millonarias de subsidios, según las investigaciones, se realizaron sin una adecuada rendición de cuentas o con irregularidades, en el marco del programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia.

La causa fue remitida al juzgado federal número 12, a cargo del juez Ariel Lijo, para investigar posibles delitos que van desde defraudación al Estado hasta abuso de autoridad por parte de los exfuncionarios de la SENNAF.

Desde Radio ADN se buscó la palabra de diferentes funcionarios pertenecientes a la gestión involucrada en las denuncias. Ninguno de ellos aceptó el convite, argumentando que no tenía que ver su área o que los hechos no ocurrieron durante su paso por la gestión pública.

Fue si, la actual subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia de Rafaela Silvina Imperiale la que fue entrevistada, señalando que la Municipalidad de Rafaela recibió fondos nacionales en el Programa CDI durante los años 2021, 2022 y 2023. En total, fueron 9 millones de pesos. En el primer año, se usó el dinero para compras de materiales, infraestructura y arreglos. En los subsiguientes, para el funcionamiento de talleres en los todos los Jardines Municipales.

“A Rafaela llegaron 9 millones de pesos y se rindieron 9 millones de pesos. Si en Buenos Aires aparecen enviados más fondos, no lo sabemos”, dijo Imperiale.

A lo largo de la entrevista la funcionaria de la gestión Viotti explicó que dentro del círculo del actual intendente se enteraron de la novedad como el resto de los rafaelinos, a través de los medios de comunicación. Y que para continuar con alguna acción esperan algún pedido formal de la Justicia, que hasta la publicación de estas líneas no había llegado.

“No hemos sido notificados de nada, no hemos sido notificados ni judicialmente, ni lo ha sido el municipio, ni lo hemos sido nosotros como funcionarios, no se nos ha pedido nada”, señaló la abogada Silvina Imperiale

En el terreno de las hipótesis, habiendo llegado los 9 millones a Rafaela, todos los que acceden a la información conjeturan tres alternativas: La primera es que la documentación respaldatoria del gasto del subsidio sea imprecisa; la segunda es que de 9 millones llegados a Rafaela, se hayan invertido -efectivamente- montos inferiores a los rendidos; la tercera es que desde Buenos Aires se hayan enviado montos superiores a los 9 millones y que la diferencia haya "quedado en el camino". Consultada Imperiale por este abanico de posibilidades, la funcionaria de Leonardo Viotti consideró que muy probablemente la situación esté vinculada con la primera de las opciones. Vale reconocerle a Imperiale la prudencia y el respeto hacia los funcionarios de la gestión Castellano.

Desde el espacio que lidera el arquitecto tres veces intendente se guarda absoluto silencio. En off, uno de los principales referentes pudo decirle a Radio ADN que todo estuvo perfectamente en orden y que existe la documentación respaldatoria correspondiente. En términos de la exposición pública, es evidente que la apuesta es a la licuación por paso del tiempo que cualquier noticia -de las más intrascendentes a las más importantes- experimenta, conforme la realidad aporta insumos periodísticos de peso a cada momento.