Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
Esto es parte de lo que decía el diputado Martínez en Radio ADN.
El jueves de la semana pasada, la legislatura santafesina transformó en norma legal uno de los proyectos más importantes de los últimos tiempos: la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. En la práctica, es un antes y después en los procesos judiciales de la provincia, con consideraciones sin precedentes y derechos nunca reconocidos a las personas que experimentaron un delito sobre sí, sobre un familiar o respecto a algún bien personal. Radio ADN dialogó con el autor de la iniciativa, el diputado provincial del Frente Renovador Oscar "Cachi" Martínez. "Es muy importante y necesario sanar las heridas de aquellos que fueron atravesados por el delito y reconocer sus derechos humanos y reconocer las responsabilidades del Estado" comenzó diciendo el legislador, quién además puso en ponderación que la víctima es tal, justamente por responsabilidad del propio Estado. "Uno está en esa situación producto de la incapacidad del mismo en garantizar seguridad o terminar con la impunidad o hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva".
ORÍGENES DE LA NORMA
Como la mayoría de los hechos relevantes, para que se concreten se debe recorrer un largo camino. La ley de marras implicó un derrotero muy importante. "Nació cuando denunciábamos la liberación de presos condenados por delitos graves, bajo la excusa del COVID. Bueno, hoy viene a modificar yo creo que al sistema penal".
PRINCIPALES DETALLES DE LA NORMA
El diputado Martínez fue muy claro a la hora de explicar los alcances de la nueva ley. "Esta ley va a obligar a todos los funcionarios públicos a informarle a una víctima cuales son los derechos que la asisten. La posibilidad de que la víctima pueda declarar en su domicilio. La obligación de los funcionarios públicos de evitar que la víctima se cruce con los imputados en las audiencias del proceso penal. La obligación de los funcionarios de preservar la identidad de la víctima, de los testigos, de los familiares de la víctima para no ponerlos en situación de peligro. De actuar en situación de peligro. También establece la responsabilidad de los funcionarios, poder explicarle a las víctimas en el ámbito del proceso, de manera clara y precisa. Antes de que el juez tome la decisión definitiva sobre el caso, y después de los alegatos del fiscal y la defensa, poder escuchar a la víctima, establecer esta obligación es muy importante, incluso estableciendo la nulidad de la sentencia si eso no sucediera", explicó contundente Martínez
Otro dato relevante de la nueva herramienta legal es que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de víctimas y victimología de los magistrados, funcionarios del poder judicial, los integrantes del Ministerio Publico de la Acusación y del servicio público de la defensa así como los agentes del Estado que se desempeñen en funciones relacionadas con la atención a víctimas. También se incluye en dicho programa a las fuerzas policiales y en todos los casos se considerara falta grave el incumplimiento de este deber.
