Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
Con la finalidad de brindar seguridad y evitar la formación de focos infecciosos para la propagación de distintas enfermedades, particularmente el dengue, la Municipalidad de Rafaela lleva adelante un control permanente de los vehículos que se observan o son denunciados por los vecinos en estado de abandono.
Además, se insta a que los conductores de vehículos tengan presente llevar toda la documentación que acredite la titularidad o autorización para circular por la vía pública.
Procedimiento
Es válido recordar que, ante el avistamiento de un vehículo en estado de abandono, el Estado local emite un acta de emplazamiento por el plazo de 5 días corridos para que el titular proceda a su retiro.
Cumplido el plazo, si el vehículo continua en la misma situación, los agentes proceden a labrar el acta correspondiente a la retención y traslado del mismo a los depósitos municipales. En esa instancia, el propietario cuenta con 10 días hábiles para realizar su descargo y presentar toda la documentación exigida ante el juez de Faltas. Para ello, previamente, deberá obtener tuno en la página web de la Municipalidad: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/268
Si nadie responde por el vehículo retenido y cumplido el plazo de 180 días, pasa a disponibilidad del Estado para su remate o compactación, de acuerdo a las condiciones estructurales en las que se encuentre.
Cabe recordar, que para denunciar la presencia de un vehículo en estado de abandono se encuentran disponibles las líneas telefónicas de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria: 4 25 400 ó 5 02 030.
Compactación
Finalmente, el proceso de compactación de vehículos o motovehículos se realiza a través del Programa Nacional de Compactación de Vehículos (PRONACOM). El mismo, depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y tiene como objetivo la descontaminación, compactación y disposición final de vehículos y motovehículos, atendiendo a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en nuestro país.
El dinero obtenido de la venta del material de chatarra es destinado por el Estado local a una entidad de bien público cada vez que el procedimiento es llevado a cabo.
