La Legislatura provincial sancionó este jueves, en forma coordinada entre las cámaras y los bloques políticos, dos leyes que reforman el sistema de seguridad. Una de ellas establece una serie de incompatibilidades para los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la otra apunta a regular y transparentar el uso de gastos reservados tanto en la órbita del Ejecutivo como del Poder Judicial.

El proyecto modifica la ley 13.013, que regula el funcionamiento del organismo. Fue elaborado por los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver.

La ley declara la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años.

Esa normativa también les impide a los funcionarios del MPA difundir mensajes de contenido electoral o político y participar de actividades partidarias o electorales.

El proyecto fue aprobado por diputados del Frente Progresista y los bloques minoritarios y fue rechazado por el PJ. En el Senado, lo votaron todos los representantes de los departamentos a excepción de cuatro justicialistas que pidieron abstenerse: Alcides Calvo (Castellanos), Marcelo Lewandowski (Rosario), Ricardo Kaufmann (Garay) y Marcos Castelló (La Capital).