La fiscal Lorena Korakis adelantó que solicitará 37 años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre acusado de ser el autor del homicidio de Abril Luisina Vargas cometido en 2018 en la ciudad de Rafaela. Fue en el marco de una audiencia preliminar realizada en la semana de forma remota ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Osvaldo Carlos.

El acusado tiene 25 años y sus iniciales son AER. De acuerdo a lo manifestado en la audiencia por la fiscal Korakis, la calificación penal atribuida al acusado es la autoría de los delitos de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego y portación indebida de arma de fuego de uso civil. Los delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí. 

Con un arma de fuego

“El hecho que investigamos fue cometido el sábado 22 de septiembre de 2018 alrededor de las 20:30 en la vía pública y en cercanías de calle José Buffa al 1.800”, precisó la fiscal. En tal sentido, la funcionaria del MPA relató que “a escasos metros de distancia, AER efectuó un disparo hacia zonas vitales del cuerpo de la menor de edad, impactando los proyectiles en su humanidad”. Asimismo, especificó que “el acusado cometió el hecho utilizando un arma de fuego de uso civil apta para el disparo, que portaba sin la debida autorización legal y en condiciones de uso inmediato”.

La funcionaria del MPA también informó que “el disparo ocasionó múltiples lesiones en el rostro, cuello y tórax de la víctima, las que le generaron severas complicaciones que causaron su muerte”. 
“Con posterioridad al hecho, AER se dirigió hacia su vivienda -ubicada a pocos metros del lugar-, desde la cual huyó llevando consigo el arma de fuego en su poder”. 

Finalmente, Korakis aseveró que “el acusado desplegó la conducta antes descrita con pleno conocimiento y voluntad del posible resultado lesivo mortal y de los medios utilizados para hacerlo”.

Juicio oral y público

Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en la mañana de hoy de forma remota a través de la aplicación Zoom, el juez deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. Además, en caso que considere que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el acto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público.

Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el tribunal y fijar la fecha para el inicio del juicio.