Oscar Martínez  explicó  que “ el 6 de febrero pasado, presenté un proyecto de ley modificando la ley 13013 para que la Elección del Fiscal General y de los Fiscales Regionales se realice mediante el voto directo de la ciudadanía y su remoción por el mecanismo del juicio político previsto en nuestra Constitución Provincial. Estoy convencido de que una función tan importante como la del Fiscal General y los Fiscales Regionales no puede depender solo del Consejo de la Magistratura, de la elección del gobernador de turno o del acuerdo una Asamblea Legislativa, por más representativa que ella sea. Una función de tanta trascendencia social debe estar abierta a la ciudadanía. La gente debe poder participar en la elección de quien diseña la persecución penal en nuestra provincia, conociendo quienes son estos funcionarios y exigiéndoles que cumplan con la persecución del delito en representación de la sociedad que espera, sea por personas ampliamente avaladas por ella, para poder cumplir con tamaña tarea, como sucede en el sistema americano”.

“El pasado viernes la Legislatura votó la suspensión por ciento ochenta días  del fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación perteneciente a la segunda circunscripción que es la más grande de la provincia. Y el gobernador le aceptó la renuncia al Fiscal Regional. En ambos casos por aparentes hechos de corrupción. Esto pone de manifiesto claramente que debemos modificar el sistema de elección. Para ejercer las funciones como órgano de gobierno del MPA no basta rendir un concurso o acreditar antecedentes, hace falta estar legitimado por la ciudadanía y responder ante ella cuando nuestro actuar no esté a la altura de las circunstancias.
Las funciones del Fiscal General y de los Fiscales Regionales son de política criminal y debemos tener la posibilidad de conocer previamente cuál va a ser la política de persecución penal del órgano estatal encargado de ejercerla, así como podemos conocer la política económica, social o de salud que pretende implementar un gobernador, un legislador o un intendente”, agregó.

“La provincia de Santa Fe sigue siendo la más insegura del país. Y desde hace unos años rige un sistema de enjuiciamiento penal de los denominados acusatorios.  Con la sanción de la ley 13013 se terminó de configurar el cuadro dotando al Ministerio Público de la Acusación el monopolio de la persecución penal pública. Pero los resultados son aterradores. Según el informe del Fiscal General elevado a la Asamblea Legislativa- desde febrero de 2014 a junio de 2019  de  1.163.461 causas que se iniciaron, 518 concluyeron por Juicio Oral. Esto es, sólo el 0,05% de los casos investigados logró una condena por juicio oral y menos del 1 % logró una condena por vía del Procedimiento Abreviado. Analizando estos números podemos afirmar que esa sensación de impunidad ya deja de ser una sensación para convertirse en una realidad”, continuó Martínez.

“ Por eso he presentado este proyecto apenas asumí, junto con otros relacionados a la lucha contra la inseguridad y la impunidad como es el de la Ley de defensa de Derechos y Garantías de las víctimas, el Observatorio de las víctimas de delitos, la modificación del Código Procesal Penal para incorporar de manera plena los derechos de  las víctimas en el proceso y la modificación del Código de Procedimiento Penal Juvenil y un proyecto de Ley de Emergencia del Servicio Penitenciario para que no se liberen con la excusa de la pandemia a delincuentes condenados por delitos graves”. 

Y finalizó diciendo que “queremos que Santa Fe sea la primera provincia del país en la que sus ciudadanos le den forma y contenido, a través de su voto, a algo tan importante como la política de persecución penal. Que se acabe la impunidad es el desafío, y este proyecto que he presentado para la elección del fiscal general y los fiscales regionales va en ese sentido”.