Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
La diputada provincial del peronismo Silvia Simoncini presentó una declaración de repudio a los sucesos de violencia contra la Parroquia María Reina y el Colegio Pablo VI de la ciudad de Rosario, y a las amenazas recibidas por el padre Juan Pablo Nuñez, reconocido referente de la comunidad por defender a niños y jóvenes de la droga y por denunciar el avance del narcotráfico en el área que asiste como sacerdote.
La legisladora instó además al Poder Ejecutivo a extremar las medidas que den garantías de seguridad a los habitantes de pueblos y ciudades santafesinas y a quienes denuncian y se enfrentan a estas complejas problemáticas, sufriendo la intimidación y exponiendo su propia vida.
El episodio intimidatorio al que hizo referencia sucedió el último fin de semana en el barrio Larrea de Rosario, teniendo como objetivo la Parroquia María Reina y la escuela Pablo VI, a la que concurren 1100 chicos y chicas. Ambas instituciones están a cargo del padre Juan Pablo Nuñez, reconocido en la comunidad por defender a los niños y jóvenes del flagelo de la droga, enfrentándose valientemente y casi en soledad, al avance incesante del narcotráfico .
Hace algunas semanas el sacerdote había denunciado el funcionamiento de un búnker de venta de drogas a la vuelta de la institución educativa y por eso ya había sido amenazado. “Mi grito es que hagan algo por el barrio y por la gente. El martes un chico que vino a comprar drogas a uno de los búnker del barrio entró a la escuela y quiso robar una bicicleta. El martes le robaron el auto a una docente y apareció quemado a un costado del edificio de la escuela. Es insoportable", refirió Juan Pablo a un medio local.
“El Estado Provincial es el único responsable de garantizar la seguridad de las y los habitantes de nuestras ciudades y pueblos, de nuestros barrios, y de brindar protección a nuestros niños, niñas y adolescentes y a los referentes sociales que se enfrentan a situaciones complejas con coraje pero en un estado total de indefensión”, dijo Simoncini.
Por ello, consideró que “es prioritario para el Estado tomar todas las medidas para acompañar y proteger a quienes están trabajando en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es vital que puedan seguir desarrollando la invalorable tarea de la inclusión y la integración para acceder al estudio, al trabajo y construir la paz social”, dijo la diputada.
