Hector Ponce fue sobreseído por la justicia

Las denuncias contra el Secretario General de Atilra, Hector Ponce fueron desestimadas luego de una gran cantidad de medidas de prueba, incluyendo múltiples allanamientos que se realizó en el domicilio del secretario.

El texto señala entre otras cosas que tras más de un año de análisis, de entrecruzamiento de datos y otras acciones, “no pudo establecerse la efectiva materialización de las maniobras” denunciadas.

A continuación, reproducimos el comunicado difundido:
(Por: Prensa Atilra) – Como es de público conocimiento, a raíz de una denuncia anónima –a la postre falsa en cuanto al contenido de su imputación– hace aproximadamente un año y medio se inició una investigación penal sobre nuestra organización y particularmente sobre nuestro Secretario General, Compañero Héctor Luis Ponce.

La falsa denuncia atribuía al Secretario General del gremio y su familia la comisión de supuestos delitos tales como, administración fraudulenta, desvío de fondos, delitos contra la salud pública, delitos contra la administración pública y lavado de dinero.

La sentencia, que desestima la denuncia, revela que la fiscalía tomó como base un programa de TV y las declaraciones públicas del ex médico auditor de la Obra Social, Mario Bertoia, que acusó públicamente a Héctor Ponce de cometer delitos.

La profunda investigación llevada a cabo durante más de un año, incluyó allanamientos, levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero, bloqueo de cuentas e información cruzada de distintos organismos de control tales como AFIP, Unidad de Información Financiera (UIF), Superintendencia de Servicios de Salud, INAES, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Registro de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, etc.

II.-
Mediante Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2018, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 desestimó la denuncia afirmando que “luego de haberse llevado adelante una profusa investigación”, no solo “no pudo establecerse la efectiva materialización de las maniobras” denunciadas, sino que, “Al contrario, las evidencias recolectadas durante la profusa instrucción, han permitido descartar la perpetración de los hechos que dieran origen al legajo y por ende debe ponerse fin al trámite del mismo y dar por terminadas las especulaciones que marcaron su génesis”. Que “la Unidad de Información Financiera se ocupó de despejar cualquier duda que rodeara el quehacer de los involucrados, al haber informado que no registraba reportes de operaciones sospechosas en relación a ellos”. Que del mismo modo las autoridades del Banco Central de la República Argentina “ratificaron esas expresiones”. Que todos los organismos de control consultados, “en todos los casos, concluyeron en la falta de información que comprometiera a las personas, entes y/o sociedades examinadas, y descartaron la supuesta materialización de alguna maniobra que resultara del tipo de las individualizadas al comienzo.” Que tampoco ha existido “fraude en perjuicio de los fondos del erario nacional”.

Por ello resuelve sobreseer a los denunciados y disponer el archivo de las actuaciones, dejando expresamente aclarado a la luz del resultado de la investigación, que esta causa en definitiva “en nada afecta el buen nombre y honor” de los investigados por la falsa denuncia.

III.-
Llegados a este punto, queremos destacar ciertos aspectos puntuales que generó la situación descripta precedentemente, a saber:
La profunda indignación y repugnancia que nos causa la mentira acusatoria que ha quedado demostrada en la justicia, sobre la cual exigiremos reparación.

La abierta predisposición del Secretario General de Atilra Héctor Luis Ponce para colaborar con la investigación.

El permanente apoyo y acompañamiento de los trabajadores que siempre tuvieron claro que se trataba solo de un acto injurioso y difamatorio.

Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a nuestro conductor en pos del único objetivo que lo inspira, que no es otro que el bien común en beneficio de la comunidad en general y de los trabajadores lecheros en particular, en bienes sociales a los que consideramos irrenunciables como salud, educación y cultura.

Fuente: Suchales hoy