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Otra vez la discusión por aranceles: en Rafaela pagás el salón, la fiesta, ¿ pero qué onda con la música?

El concejal Lisandro Marsico habló por Radio ADN y explicó el impacto del fallo en primera instancia ante una medida cautelar presentada por un grupo de personas contra los aranceles que cobran los gremios. También pidió que la Oficina Municipal del Consumidor informe y asesore a quienes organizan este tipo de celebraciones.
Locales02/10/2026Radio ADN 97.9 FM - RafaelaRadio ADN 97.9 FM - Rafaela

La organización de una graduación, un cumpleaños de 15, un casamiento o cualquier otro evento privado puede sumar hoy una pregunta que muchas familias se hacen: ¿corresponde pagar aranceles por derechos de autor cuando hay música en una fiesta de acceso restringido?

El tema fue abordado este viernes en el programa “Todo Sigue Igual”, por Radio ADN FM 97.9, donde el concejal Lissandro Marsico explicó su interpretación de la normativa vigente y los antecedentes judiciales que comenzaron a aparecer desde la modificación introducida por el Gobierno nacional en 2024.

El eje de la discusión está en el Decreto 765/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual y redefinió qué debe entenderse por “representación o ejecución pública”. La norma establece que existe ejecución pública cuando se realiza en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas, y señala que no existe tal carácter cuando la ejecución se desarrolla en un ámbito privado, sea de ocupación permanente o temporal.

A partir de esa modificación surgió una discusión sobre el alcance de los aranceles reclamados por entidades como SADAIC y AADI-CAPIF en determinados eventos.

Durante la entrevista, Mársico sostuvo que una fiesta privada con invitados y acceso restringido quedaría comprendida dentro de la definición de ámbito privado prevista por la normativa. Como ejemplo, mencionó graduaciones, cumpleaños de 15, casamientos y celebraciones empresariales.

El concejal también hizo referencia a antecedentes judiciales registrados en la ciudad de Santa Fe. Uno de ellos corresponde a una demanda iniciada por padres de alumnos que organizaban recepciones de fin de ciclo y que solicitaron que se reconociera el carácter privado de esos eventos. En ese expediente, la Justicia de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar en favor de los organizadores.

Marsico aclaró durante la entrevista un punto central: esas resoluciones judiciales alcanzan a quienes fueron parte de esos procesos y no implican automáticamente una exención general para todos los organizadores de eventos privados.

Por ese motivo, el concejal señaló que quienes se encuentren frente a un reclamo deben conocer la normativa, los antecedentes existentes y las vías disponibles para plantear su situación.

Un pedido para la Oficina Municipal del Consumidor

En ese marco, Marsico contó que junto con la concejal Carla Boidi presentó una minuta de comunicación para solicitar que la Oficina Municipal del Consumidor brinde información y asesoramiento sobre este tema.

El objetivo, según explicó, es que las familias y personas que contratan un salón puedan conocer qué están firmando, qué conceptos aparecen incluidos en los contratos y cuáles son las herramientas disponibles frente a eventuales reclamos de aranceles.

Uno de los puntos que generó especial atención durante la entrevista fue la situación de algunos contratos de alquiler de salones, en los que —según relató el concejal— se exigiría presentar comprobantes de pago de determinados aranceles antes de habilitar el ingreso al lugar.

La discusión también alcanza a las vecinales y otros espacios que alquilan sus instalaciones para celebraciones privadas, según lo planteado durante la entrevista.

El tema promete continuar en el Concejo Municipal y también en los próximos días en Radio ADN, donde se prevé consultar a representantes de las entidades involucradas para conocer su posición sobre la aplicación de los aranceles y los criterios utilizados.

Por ahora, el dato central para las familias es que existe una modificación normativa y también antecedentes judiciales, pero las decisiones judiciales mencionadas corresponden a casos concretos. Por eso, ante una situación particular, resulta importante contar con asesoramiento jurídico antes de tomar una decisión sobre un eventual pago o iniciar una acción.

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