Radio ADN 97.9 FM - RafaelaEl sector empresario de Rafaela volvió a poner el foco sobre el peso de las regulaciones y los costos que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas. Esta vez, la preocupación está vinculada con una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuyo impacto sobre las pymes fue advertido por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).
La entidad empresarial planteó reparos frente a las nuevas exigencias y señaló que su aplicación puede generar consecuencias concretas sobre el funcionamiento cotidiano de las empresas, especialmente aquellas de menor estructura.
El planteo aparece además en un contexto particularmente sensible para la industria. De acuerdo con el último relevamiento difundido por el propio CCIRR a partir de datos de CAME, la producción manufacturera pyme cayó 6,1% interanual en agosto, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una contracción del 8,5%.
A esto se suma el escenario relevado por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), que registró una caída interanual de 2,9% en la producción industrial santafesina durante julio, en un contexto marcado por la baja demanda interna, el incremento de costos y dificultades de financiamiento.
Para el empresariado local, el debate no pasa solamente por el contenido técnico de la normativa, sino por el momento en que se incorpora una nueva exigencia sobre las estructuras empresariales.
Las pymes cuentan, en general, con estructuras administrativas y financieras más acotadas que las grandes compañías. Por eso, desde el sector productivo existe preocupación respecto de que nuevas obligaciones regulatorias puedan terminar aumentando los costos de cumplimiento y restando recursos a la actividad productiva.
El planteo del CCIRR se produce, además, cuando la industria viene mostrando indicadores que reflejan un escenario de cautela. Según el relevamiento de la UIA difundido por la entidad rafaelina, el 47,6% de las empresas consultadas tuvo dificultades para afrontar íntegramente al menos uno de sus pagos habituales, mientras que el 64,4% operó por debajo del nivel de utilización de capacidad considerado óptimo.
En ese contexto, la incorporación de nuevas obligaciones genera inquietud entre empresarios que reclaman que las políticas regulatorias contemplen las diferencias existentes entre grandes compañías y pequeñas y medianas empresas.
La discusión vuelve a instalar uno de los reclamos habituales del sector productivo: la necesidad de reducir cargas administrativas y evitar que las empresas deban destinar cada vez más recursos al cumplimiento de obligaciones que no están directamente vinculadas con producir, invertir o generar empleo.
La preocupación por los costos tampoco aparece aislada. El relevamiento de la UIA señala que los mayores costos se encuentran entre los principales desafíos para las empresas industriales y que los costos energéticos ganaron peso entre las dificultades mencionadas por las compañías.
Así, desde Rafaela el planteo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el entramado pyme: cómo avanzar hacia una mayor formalización y transparencia sin que las nuevas regulaciones terminen convirtiéndose en una carga adicional para empresas que ya trabajan con márgenes ajustados y niveles de actividad por debajo de su potencial.
El reclamo del CCIRR se suma de esta manera a una agenda empresaria local que viene señalando la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad, facilitar la inversión y reducir obstáculos para el desarrollo productivo.
