Radio ADN 97.9 FM - RafaelaLa paralización de la obra del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la ciudad de Rafaela volvió a quedar en el centro de la escena política local, tras los cuestionamientos planteados por el bloque de concejales peronistas, que acusan al intendente Leonardo Viotti y a la actual gestión municipal de haber “abandonado una obra millonaria” destinada a la atención de la primera infancia.
Según sostienen desde la oposición, el edificio presenta un avance de obra cercano al 75%, pero los trabajos se encuentran detenidos desde hace más de dos años, sin señales concretas de reactivación. En ese contexto, los ediles del PJ reclaman que el Municipio adopte medidas para retomar el control del proyecto y avanzar en su finalización.
El reclamo de la oposición
Desde el peronismo argumentan que el convenio firmado oportunamente para la ejecución del CDI contempla una cláusula de restitución del inmueble, lo que —según su interpretación— habilitaría al Municipio a recuperar el control del predio y de la obra para reactivar los trabajos con recursos propios o mediante nuevas gestiones.
“Hay una obra avanzada, recursos ya invertidos y una necesidad social concreta. Lo que vemos es abandono”, sostienen desde la oposición, que insiste en que la infraestructura podría ponerse en funcionamiento si se toman decisiones políticas para destrabar la situación administrativa y legal.
La respuesta del oficialismo
Desde el oficialismo rechazan las acusaciones y advierten que el planteo del PJ omite condicionantes legales y económicas que vuelven inviable la restitución en los términos propuestos. En ese sentido, según averiguó Radio ADN, existen diversos escenarios posibles todos con fuertes costos para el Municipio, teniendo en cuenta que la obra pertenece y corresponde al Gobierno nacional.
La primera alternativa es que, si el Municipio solicita formalmente la restitución del inmueble, debería devolver el lote en las mismas condiciones en que fue entregado, lo que implicaría demoler la obra ya ejecutada, con el consiguiente desperdicio de recursos públicos.
La segunda opción, explican, sería que el Municipio decida continuar la obra, pero para ello debería pagar la totalidad de la obra a Nación (al menos lo que invirtió el Gobierno nacional) y luego hacerse cargo de la deuda el municipio, lo que demandaría una inversión significativa adicional.
El tercer factor que complejiza el escenario es el rol del Estado nacional. Desde el oficialismo señalan que, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, Nación no transfirió los fondos comprometidos, lo que dejó la obra sin financiamiento. A esto se suma el reclamo de honorarios profesionales por parte del arquitecto a cargo del proyecto, que aún no fueron saldados.
