Este martes por la tarde, la ciudad de Rafaela se sumó a la protesta nacional “Una luz por la discapacidad”, con una movilización pacífica realizada en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria reunió a profesionales, familiares y personas con discapacidad, en un intento por visibilizar la grave crisis que atraviesa el sistema de atención en todo el país.

Con carteles, velas encendidas y testimonios en primera persona, los participantes exigieron la urgente sanción de una ley de emergencia en discapacidad, que garantice la continuidad de las prestaciones básicas. Denunciaron la falta de actualización de aranceles desde diciembre, retrasos en los pagos y el inminente riesgo de cierre de instituciones fundamentales como talleres protegidos, hogares, centros educativos terapéuticos y espacios de rehabilitación.

“El sistema está colapsando. Muchos seguimos trabajando sin cobrar”, expresó el kinesiólogo rafaelino Marcelo Gieco, al ser consultado. Según explicó, las demoras en autorizaciones y los montos insuficientes para transporte impiden el acceso regular a terapias, afectando directamente a los usuarios del sistema.

Si bien Rafaela aún no ha registrado cierres, la situación es crítica. “Los profesionales están sosteniendo esto casi a pulmón”, advirtió Gieco, quien también cuestionó la postura del gobierno nacional. “Nos están diciendo que las personas con discapacidad son un gasto, cuando son ciudadanos con derechos”, señaló.

Por su parte, la médica María Fernanda Gómez Odetto, representante de ALPI Rafaela, remarcó que el reclamo no exige nuevos beneficios, sino el cumplimiento de la ley vigente. “La Ley 24.901 establece un sistema de prestaciones básicas, pero hoy ese sistema está quebrado. El nomenclador no se actualiza y quedó por debajo de los costos reales”, explicó.

El reclamo en Rafaela se enmarca en un contexto nacional alarmante, donde la falta de financiamiento adecuado amenaza con desmantelar un modelo que hasta hace poco era considerado ejemplar en América Latina. “Estamos visibilizando esto para que se entienda: las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, y ese derecho se construye con políticas públicas que garanticen la continuidad de las prestaciones”, concluyeron los organizadores.