La restitución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que reemplazó a la Agencia Federal de Inteligencia el año pasado, vuelve a estar en el centro del debate público tras la difusión de un nuevo Plan de Inteligencia Nacional. El documento, divulgado este domingo 25 de mayo, establece una serie de lineamientos que generaron preocupación por su ambigüedad y por las posibles implicancias en términos de vigilancia sobre ciudadanos, periodistas y actores políticos.

Entre sus directrices, el plan faculta la recolección de información sobre personas que puedan “erosionar la confianza” de la opinión pública en los funcionarios y en las políticas económicas del gobierno nacional. También se consideran objetos de interés aquellos que puedan “manipular” la opinión pública durante procesos electorales o que propaguen “desinformación” y promuevan la “distorsión” de la percepción social.

Especialistas en derechos civiles y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el lenguaje vago del documento permite múltiples interpretaciones, lo que podría abrir la puerta a prácticas de inteligencia orientadas al control del discurso público y la persecución de disidencias.

En respuesta a la controversia, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial a través de la red social “X”, en el que desmiente las acusaciones y asegura que “este es el primer gobierno en décadas que decidió no usar la SIDE para perseguir a opositores, periodistas o adversarios políticos”. El mensaje también apunta contra las administraciones anteriores, a las que acusa de haber “destruido” el sistema de inteligencia mediante el uso indebido de sus recursos con fines partidarios.

Mientras tanto, el debate sobre los límites de la inteligencia estatal y el derecho a la libre expresión vuelve a instalarse en el centro de la escena política argentina.