Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
Organizaciones ambientalistas de la región denunciaron que, nuevamente, turistas cazaron especies prohibidas en la provincia de Santa Fe. En este caso se trató de estadounidenses que mataron cuantiosos especímenes de Pato de Collar y Pato Cutirí, protegidos por ley y cuya caza está prohibida por Resolución. Se trata del segundo hecho de este tipo registrado en menos de dos meses, ya que a principios de junio dos turistas franceses fueron demorados con casi un centenar de patos en la localidad de Golondrinas, al norte de la provincia.
El nuevo hecho ocurrió en un campo de la localidad de San Javier, y la caza estuvo organizada por el coto MGW Outfitters. Los participantes compartieron las fotos con los animales muertos en sus redes sociales, incluso formando las siglas del coto con los cuerpos de los especímenes cazados.
El hecho tomó notoriedad pública al ser compartido por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), una ONG de Entre Ríos que recibió la información por parte de un guardafauna santafesino.
Cabe recordar que Santa Fe tiene permitida la caza sólo de tres especies: Pato Crestón, Pato Sirirí Común, y Pato Sirirí Pampa. La Ley Nacional 22.421, también conocida como Ley de Fauna, le da la potestad a cada provincia de determinar en un período la caza de algunas especies, previo a estudios de las poblaciones para conocer cuáles están en peligro. Desde el Ceydas denuncian que los estudios en los que se basan tanto Santa Fe como Entre Ríos para habilitar la caza fueron "solicitados y pagados" por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, que nuclea a los cotos de caza.
"La responsabilidad no es solo del coto, que esta cazando ilegalmente. La gran responsabilidad cae en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que autoriza algo que de antemano sabe que no tiene la capacidad para controlar. Los cotos de caza traen cazadores extranjeros que pagan entre 3.000 y 4.000 dólares una excursión para matar patos, entonces se van a exceder. l", criticó Gabriel Bonomi, de la ONG Ceydas
