La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO) -entre otras entidades de la gremial empresaria- manifestaron su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de otorgar un bono de $24.000, aplicable a trabajadores en relación de dependencia con ingresos netos de hasta $185.000 (el equivalente a tres salarios mínimos). 

Desde la CAC precisaron que “la entidad comprende las motivaciones de tal decisión y comparte el interés por recomponer el poder adquisitivo de los asalariados. Sin embargo, está convencida de que el ámbito de determinación de ajustes en las remuneraciones del sector privado deben ser las negociaciones paritarias, en donde los representantes de las empresas y de los trabajadores de las diversas ramas de la actividad económica puedan acordar modificaciones salariales consistentes con la situación y perspectivas de cada una de ellas”.

En la misma línea, la UIA recordó que “la industria cuenta con más de 800 convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Industriales y trabajadores del sector consolidaron un modelo que permitió al salario industrial situarse un 40% por encima del promedio nacional.
 
Durante 2022, las negociaciones paritarias se han reabierto y han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación. La metodología dispuesta por el gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes que trabajadores y empresarios industriales acuñamos durante años: las paritarias.
 
Las negociaciones colectivas y las reaperturas de paritarias en la industria permitieron consensuar bonos u otras formas de adicionales que, a la luz de la metodología dispuesta por el Poder Ejecutivo, se superpondrán con los que la norma en cuestión otorga. Esa superposición generará dificultades al interior de la industria, cuyas realidades sectoriales y regionales son heterogéneas”.

Por otro lado, la CAC apuntó que “debe reconocerse como positivo que en el caso de las pequeñas y medianas empresas se prevea que el 50% del pago del bono pueda deducirse de los anticipos del Impuesto a las Ganancias. Pero también debe advertirse que el hecho de que el mencionado bono deba abonarse en diciembre –mes del que ya han transcurrido dos semanas y en el que las empresas deben también hacer frente al pago del medio aguinaldo– representa una dificultad significativa para numerosas firmas, particularmente las pymes, que cuentan con menor margen para hacerse de liquidez”.

Por su parte, FECECO planteó que -en un escenario de merma en las ventas, coincidente con el inminente pago del aguinaldo y de las vacaciones- “el sector privado no está en condiciones de hacer frente a esta exigencia arbitraria” que “atenta contra la rentabilidad de las empresas en general”. En el mismo sentido se expresó la CAME, que destacó la voluntad del sector de avanzar con las negociaciones paritarias (durante los primeros días de enero, está previsto un encuentro con los sindicatos para acordar los aumentos salariales para el período enero - abril de 2023) e insistió en la imposibilidad de afrontar, en las actuales condiciones, el pago del bono.