Luego de la audiencia imputativa que se realizó en el Ministerio Público de la Acusación en  Santa Fe donde los fiscales acusaron al ex ministro Marcelo Sain y a siete funcionarios de cometer más de ocho delitos, las legisladoras socialistas,  Lionella Cattalini, y Gisel Mahmud expresaron su preocupación  y exigieron urgentes explicaciones. Radio ADN pudo entrevistar a la diputada Mahmud. "No es muy común en nuestra democracia santafesina estar teniendo causas judiciales que involucran a  ministros de seguridad, por algo tan sensible como esto, que es la posibilidad de que dentro del ministerio se haya organizado una asociación ilícita que espiaba ilegalmente no solo a opositores de la política sino también a un sinfín de personas -661 es el listado que se dio a conocer- y dentro de esas 661 personas encontramos dirigentes de la oposición, gremialistas, sindicalistas, empresarios muy reconocidos e importantes de la provincia, periodistas", comenzó diciendo Gisel Mahmud. "Sabemos que ha habido algunas declaraciones que van a merecer algunas explicaciones del gobierno provincial. A nuestro entender debería explicar Omar Perotti cual fue su rol en todo esto. Cuesta mucho creer que en los despachos al lado del gobernador estaba pasando todo esto y él no lo sabía. Creemos que debería haber una explicación del gobierno, que debería haber una apuesta a la disposición de la justicia por parte del gobernador y la vicegobernadora Alejandra Rodenas". La diputada socialista también hizo referencia a una instancia administrativa por parte de la Casa Gris, a todas luces infructuosa. "Y también sabemos que el propio gobernador había instruido al fiscal de Estado para que realice una investigación administrativa, que es lo que el gobierno puede hacer. Y la verdad es que todavía no hemos tenido ninguna noticia, ninguna información respecto a esa investigación administrativa". "Creo que es muy importante que el MPA pueda actuar con independencia y con celeridad. Que un ex ministro de seguridad de Perotti y 7 funcionarios de extrema confianza de ese ministro, fueron acusados, imputados, como autores y partícipes de 20 delitos dentro de las estructuras del Estado, y de un ministerio de seguridad, es de una gravedad importante, porque ese es el ministerio que debía estar cuidando a la ciudadanía, era el ministerio que tenía que estar invirtiendo el dinero en políticas públicas de seguridad para resguardarnos a todos y perseguir a las bandas criminales".  La legisladora socialista fue consultada respecto a la subejecución presupuestaria en materia de seguridad, y cuanto de ese dinero podría haber sido destinado a estas prácticas. "Una de las imputaciones que se va a alegar, tiene que ver con el cobro de sobresueldos, que se pagaban entre funcionarios del ministerio de seguridad, a partir de gastos reservados que debían usarse para combatir a las mafias y al crimen organizado. Para la diputada, esta tormenta político-judicial es mucho más que insumo para el microclima; tiene repercusiones en la calidad de vida de las personas. "Tiene una gravedad muy importante, que en la vida cotidiana de todos nosotros, aunque a veces parezca lejano, en realidad repercute porque todo esto estaba pasando en el ministerio de seguridad mientras deberían haber estado planificando como dar una respuesta a los conflictos de violencia que hay en las grandes ciudades de la provincia", concluyó Mahmud.