El ministro de Economía, Sergio Massa, acordó este domingo con empresas petroleras el ingreso de los combustibles al programa "Precios Justos", con un sendero de costos a la baja desarrollado en los próximos cuatro meses.

El acuerdo contempla que los combustibles no podrán aumentar más de un cuatro por ciento en el cuatrimestre y que irán por un sendero descendente hasta el 3,50 por ciento.

Según indicaron voceros oficiales, "las petroleras se suman a ‘Precios Justos’ para ayudar en la rebaja inflacionaria´".

En este sentido, se indicó que las petroleras, tras el acuerdo, "no podrán aumentar más del 4 por ciento y presentan un acuerdo que tiene un cuarto mes con tope en 3,5".

Se llevó a cabo una reunión entre Massa y representantes de las principales operadoras de combustible del país. Estaba prevista la participación de la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

La intención era lograr un acuerdo de precios de cara al receso estival por la expectativa que hay frente al movimiento turístico interno del próximo verano, después de un 2022 que mostró resultados récord.

A principio de mes, las empresas YPF y Shell aumentaron el precio del combustible un 6% promedio en naftas y gasoil.

El incremento tuvo una menor incidencia en nafta, que promedió más del 5%, mientras que el gasoil aumentó más de un 7%.

Esta disparidad se debe a que el costo de importación y el precio en surtidor local, así como el volumen importado para completar la oferta local, son mayores para el gasoil que para las naftas.

El ajuste en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5,9% en naftas y 7,9% en gasoil, levemente más alto que el ajuste promedio, a fin de reducir las brechas de precios entre la capital y el interior del país, sobre todo con las provincias del NOA, que subieron 1% menos que en el territorio porteño.

En los últimos 12 meses, el ajuste de precio acumulado de las naftas fue de aproximadamente 52% y el del gasoil, del 74% (62% en promedio).

El aumento fue impulsado por el inicio de la suba escalonada de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), luego de que su actualización había sido postergada en siete ocasiones por el actual Gobierno.