La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez y removió a su par del Frente de Todos Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Doñate llegó al Consejo como fruto de una jugada promovida por Cristina Kirchner en el Senado: partir el bloque del Frente de Todos en dos subloques para tener más representantes en el organismo que remueve y elige a los jueces de la Nación. Para la Corte, esa jugada que el kirchnerismo vivió como un triunfo fue un “ardid” y una maniobra “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

“La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”, se advirtió.

La sentencia fue dictada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El juez Ricardo Lorenzetti no participó de la decisión, ya que se basa en el incumplimiento de la sentencia que restituye la vigencia de la ley 24.937, que el ministro consideró derogada.

El fallo sostuvo que la maniobra que hizo el oficialismo en el Senado quebró “las reglas más básicas del debido proceso legislativo”. Y en una directa alusión a Cristina Kirchner sin nombrarla, la sentencia afirmó: “La Presidencia del Senado no solo designó al representante de ‘Unidad Ciudadana’ sin convocar al ‘Frente PRO’ para escuchar sus posiciones, sino que lo hizo de espalda a los pedidos escritos que este último bloque ya le había presentado.”

Y advirtió que no se trata de cuestionar decisiones legislativas sino de hacer revisar el cumplimiento de un aspecto no discrecional del proceso por el cual el Poder Legislativo participa en la conformación de un órgano constitucional del Poder Judicial como lo es el Consejo de la Magistratura. “Lo contrario, que esta Corte renuncie a esa revisión judicial, implica ubicar a otro Poder del Estado por encima de la Constitución y de las leyes”, advirtió.