Este lunes le impusieron alternativas a la prisión preventiva a Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Es en el marco de una causa en la que está imputado y en investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para comprar armas. La medida fue otorgada también al ex secretario de Seguridad Pública, Esteban Germán Montenegro y al exsecretario de Coordinación Técnica del ministerio, Maximiliano Novas.
De acuerdo a la resolución del juez Héctor Gabriel Candioti se les ordenó una traba de embargo por un monto equivalente a la cotización oficial de cien mil dólares estadounidenses, debiendo denunciar bienes en un término de diez días. Cabe destacar que la fiscalía había solicitado el doble.
Además deberán constituir domicilio que deben informar ante la Oficina de Gestión Judicial OGJ y el Ministerio Público de la Acusación ante cualquier modificación y/o ausencia del mismo por tiempo mayor a las 72 horas; prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de testigos y denunciantes y de establecer cualquier tipo de contacto con los mismos; prohibición de ingreso al Ministerio de Seguridad, dependencias policiales y Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe y de comunicación con ambos ministerios.

"Las penas en expectativa no son sustancialmente altas y permitirían eventualmente en caso de condena una ejecución condicional", explicó el magistrado.

A mediados de mayo a los tres exfuncionarios se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la presunta adjudicación fraudulenta es de 17.103.543 dólares.

El juez argumenta su decisión en que "se encuentra configurado con nitidez la posibilidad de entorpecimiento probatorio, ya que tal como lo hicieron conocer los fiscales, la investigación se encuentra en una etapa preliminar, faltando recabar testimonios de empleados y funcionarios de los Ministerios de Seguridad y Economía". Y destacó: "en el caso de Montenegro en particular se sostuvo que el MPA requirió un expediente que no logró ser encontrado, cuyo último registro es que estuvo en poder de este imputado".