Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
El intendente Luis Castellano participó de la presentación del cuarto Informe de Gestión correspondiente al período abril 2021 - marzo 2022 del fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Diego Vigo. La actividad consistió en un acto público desarrollado en la sede de la Fiscalía Regional.
El informe dado a conocer se enmarca en lo establecido en la Ley Provincial N° 13.013. El artículo 7° de la mencionada norma refiere a la “Publicidad de la gestión”, y regula que “los fiscales regionales presentarán un informe de gestión en una audiencia pública anual que se celebrará en la respectiva circunscripción judicial”.
Diego Vigo remarcó “la rendición de cuentas en ámbitos estatales y, especialmente, en el Poder Judicial” y afirmó que “se trata de un ejercicio que aporta transparencia a las instituciones”. Posteriormente, detalló las acciones en las que fue parte la sede Rafaela y las medidas que se tomaron.
El Intendente valoró el hecho que desde los distintos niveles del Estado se rindan cuentas de las acciones llevadas a cabo, dado que permite a la ciudadanía conocer en profundidad las tareas que desarrollamos los funcionarios públicos. “Es un ejercicio que desde el municipio realizamos cada año con las acciones que llevamos a cabo”.
También estuvo el senador departamental Alcides Calvo, entre otros funcionarios provinciales y locales, quienes presenciaron la presentación del informe anual que se brinda a la ciudadanía y a los medios de comunicación.
Algunos datos relevantes indican que desde abril de 2021 y marzo de 2022 se llevaron a cabo 1.464 audiencias en tribunales, la cifra más alta desde que se empezó a implementar el nuevo sistema judicial. En ese lapso, se registraron 208 condenas. Se produjeron más de 620 hechos delictivos. Del total de condenas impuestas, 41,35% fue por delitos contra la propiedad; 23,55% por delitos contra las personas; 19,23% por delitos cometidos en el marco de violencia de género, familiar o sexual; 10,10% por tenencia o portación de armas y 5,77% por delitos vinculados a la criminalidad económica.
