Amnistía Internacional alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa y reclamó la intervención del gobierno nacional. El pasado jueves, dos concejales fueron detenidas luego de denunciar a Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. “Es inadmisible en una democracia”, advirtieron desde el organismo en un duro comunicado.

En los últimos meses, se presentaron múltiples denuncias contra la gestión del mandatario por su accionar en el marco de la pandemia de COVID-19. A lo largo del año pasado, cientos de personas permanecieron varadas en la frontera provincial durante meses sin poder regresar a sus hogares por decisión del gobernador. 

Semanas atrás, se realizaron manifestaciones contra la decisión de obligar a formoseños a confinarse en una escuela, incluso a pesar de obtener un resultado negativo en los hisopados. También se acusa al gobierno provincial de someter a "condiciones inhumanas" y hacinamiento a las que son sometidos quienes se encuentran en centros de aislamientos. 

Asimismo, las concejales Celeste Ruíz Díaz (Unión Cívica Radical) y Gabriela Neme (peronismo disidente) fueron apresadas tras participar de los reclamos en la puerta de la Escuela 18 de la capital provincial. Ruiz Díaz aseguró que todos los manifestantes contaban con barbijo y respetaban el distanciamiento social. Debido a que la ciudad de Formosa se encuentra en fase 1, oficiales de la policía les pidieron que se retiraran del lugar.

Extraoficialmente, trascendió que los motivos de su detención sería resistencia a la autoridad y violación del art. 205 del Código Penal, al haber infringido medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de la pandemia. Amnistía Internacional solicitó la "liberación inmediata" de las funcionarias, que recuperaron su libertad una hora y media después. 

Desde la organización, enviaron una carta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitando "la intervención de las autoridades nacionales para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos”. 

“Amnistía Internacional viene reclamando insistentemente a las autoridades provinciales y nacionales que las medidas que se adopten en el marco de la pandemia respeten los derechos humanos. Defender los derechos humanos nunca puede ser un delito. Exigimos que las autoridades respeten sus compromisos internacionales y garanticen el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos. La situación que tuvieron que pasar hoy las concejales es inadmisible en una democracia”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.